Ante un panorama incierto

Con la ley General de Sanidad vigente creemos obligado y responsable un análisis sobre la situación, objetivos y alternativas. Objetivo básico es la creación de un sistema sanitario público, unificado y descentralizado a nivel de comunidades autónomas.Consideramos preciso, para que dicha reforma se lleve a cabo, la puesta en marcha ya de los necesarios esfuerzos aplicativos con el concurso de los interesados. Los problemas con que se enfrenta la sanidad española podemos agruparlos en los tres apartados siguientes:

1. Insuficiente cobertura de la demanda de servicios sanitarios públicos producida por:

- Crecimiento de la población atendida: 80%. en 1980; 95%. en 1986.

- Disminución en pesetas constantes del presupuesto sanitario de la Seguridad Social.

- Progresivo empobrecimiento del sector sanitario con respecto a otros parámetros del gasto, referidos al producto interior bruto y a los países de nuestra área.

2. Falta de atención al cambio producido en la tipificación de la demanda asistencial. Por ejemplo:

- En cuanto a la reforma psiquiátrica.

- A la insuficiencia de camas para enfermos crónicos, etcétera.

3. Malos resultados de la política de gestión con que se ha pretendido reconducir el incremento del gasto sanitario y paliar la reducción presupuestaria del sector:

- Sigue existiendo desorgailización en la ordenación, tramitación y realización de las prestaciones asistenciales.

- Escasa o nula integración de la asistencia hospitalaria y ambulatoria.

- Se han congelado las plantillas a la baja.

- Desmotivación de los ciudadanos y de los trabajadores por su exclusión de la participación profesional y democrática en la toma de decisiones, en estructuras de tan alto contenido técnico y social. Sustitución por unas estructuras de dirección de corte empresarial.

- Progresiva y alarmante descapitalización de nuestras instituciones sanitarias por falta de inversiones ordenadas y suficientes.

- Insuficiente implantación de medios y procedimientos para la recogida de datos y su evaluación.

No ha existido una verdadera definición de los problemas estructurales, funcionales y económicos que subyacen en el sector sanitario para proceder a su estudio y a la propuesta de soluciones alternativas. Y sí ha habido, por el contrario, excesivos relevos de los responsables sanitarios.

Hasta la publicación del Real Decreto 1943/1986, la política planificadora del Ministerio de Sanidad y Consumo ha aparecido claramente disociada de la de las entidades gestoras. Tras esta norma, a nuestro entender dictada con gran retraso, querríamos ver una,decisión política de asumir unitariamente las competencias en materia sanitaria. La paulatina pérdida de competencias del Insalud, sin abordar con decisión la integración de las redes sanitarias públicas y con la presencia de un sector privado mucho más ágil en sus realizaciones, puede complicar más aún la maraña ya existente. Además de las competencias que en sanidad tienen Cataluña y Andalucía, hay paquetes importantísimos de ben6ficiarios del subsistema que son prácticamente gestionadosautónomamente por entidades como Muface, Isfas, etcétera.

En este contexto, sectores radicalizados de dispares ideologías o indemostrada representatividad se lanzan a movilizaciones y huelgas. Hay quiza un nexo común en ellos, y es un tufo corporativista bastante acentuado, pero en todo caso el maridaje se nos ocurre francamente antinatural.

El diseño ideológico y legal de la reforma sanitaria se llevó a cabo en la anterior legislatura, y es ahora cuando realmente comienza su implementación práctica. Oponerse a aquélla es el último tren que los sectores más inmovilistas de la clase médica tienen para conservar, e incluso afianzar, sus privilegios. Privilegios amparados en un sistema diseñado precisamente a la medida de esos intereses. Se trata, si cabe, de subvertir aún más el sistema y, amparándose en criterios seudotécnicos, buscar una mayor privatización de la asistencia sanitaria, eso sí, financiada con fondos públicos. Lo que también se oculta es el empecinamiento en querer mantener el poder político de la clase médica.

Nuestra alternativa

Nos sorprende, por último, que quienes habitualmente se han amparado en el ejercicio de su profesión puedan lanzarse a una huelga como la actual y que se presentan bajo unas apariencias que ocultan, o al menos ésta es nuestra reflexión, intereses de muy distinta laya.

En la Unión General de Trabajadores pensamos que para hacer frente a los problemas sanitarios expuestos sumariamente en este artículo son necesarias las siguientes medidas, algunas ya en marcha:

1. Incremento de las partidas presupuestarias destinadas a gastos de salud.

2. Asunción de todas las competencias del Estado en materia de salud por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con los traspasos presupuestarios pertinentes.

3. Integración real de todas las redes públicas sanitarias y establecimiento urgente de los mecanismos de coordinación necesarios que tornen en hecho la virtualidad de derecho del sistema nacional de salud.

4. Establecimiento urgente de un acuerdo interinstitucional entre Administración y sindicatos que sirva de hilo conductor de la reforma contenida en la ley General de Sanidad y evite los continuos vaivenes hasta ahora padecidos, dando además estabilidad al sector durante su desarrollo.

5. Acuerdo urgente por parte de la Administración y los sindicatos de un sumario de ítems a incluir en el estatuto marco, así como un proyecto de calendario para su realización.

6. Abordaje inmediato de un nuevo sistema retributivo.

7. Democratización de los órganos de dirección de los hospitales y áreas de salud.