Planes de estudio: noche y díá

Al parecer, todo es diáfano. Los responsables ministeriales, dando un paso más en "el actual proceso de modernización de las enseñanzas", establecen unos grupos de trabajo encargados de pronunciarse sobre cuestiones tales como normas generales, títulos, duración de los estudios, materias básicas que deben formar parte necesariamente de los planes de estudio, etcétera. Frente a ello, una amalgama de intereses corporativos, despreocupados de las exigencias que encierra esa soñada modernización de España, declaran su oposición frontal unos por salvar su asignatura, otros por mala interpretación de sus intereses profesionales. En suma, como en el caso de los médicos, son aires de fronda que en nombre del particularismo se oponen a una política de racionalización.Ocurre, sin embargo, que ni las cosas son tan sencillas, ni los datos manejados corresponden a la realidad. Para comenzar, una pretensión en apariencia tan razonable como que unas comisiones de expertos señalen las "materias básicas que deben, formar parte necesariamente de los planés de estudio" entra en abierta contradicción con lo prescrito en los artículos 28 y 29 de la ley de Reforma Universitaria, que sepamos, no derogados, y en los cuales, con razón o sin ella, se atribuye a las universidades, en uso de su autonomía, la redacción de los propios planes de estudio, con sus asignaturas obligatorias y optativas, planes que serían elaborados de acuerdo con las directrices -ni un punto más ni un punto menos- establecidas por el Gobierno a propuesta del Consejo de Universidades.

Queda al buen entendedor la estimación de lo que resta de esos artículos si las materias básicas, disfrazadas de asignaturas troncales de los planes, son decretadas por el Consejo de Universidades con anterioridad a la entrada en juego de cada universidad, supuestamente autónoma.

La ley no dice que las universidades podrán elegir asignaturas complementarias respecto a un eje dictado por el Ministerio o por el Consejo, sino que éste trazará unas directrices y luego, una vez aprobados los planes por las respectivas universidades, tendrá seis meses para homologarlos o no.

Y ocurre además que hay escasos fundamentos para confiar en la buena marcha del proceso de modernización de los planes, a la vista de lo sucedido antes en otros temas como las idoneidades o la fijación de áreas de conocimiento. También en este último caso hubo ese período tan ensalzado de la información pública, que iría ahora desde los profesores y estudiantes a los empresarios y empleadores (los sindicatos obreros son convenientemente olvidados) y Sólo sirvió para rectificaciones de detalle a cordes con la fuerza de los grupos de presión. De otro modo no cabe influir, porque el punto de partida' oficial, la lógica que informa todo el sistema, es que la ciencia sólo anida en los medios de designación ministerial. Tal como se define el discurso del poder, hay dos polos, uno el de la modernidad, adscrito al propio procedimiento, y otro, el del arcaísmo, los intereses corporativos, las reacciones. paleq, y neogremiales.Intereses

A nuestro juicio, sería más adecuado pensar todo lo contrario. Es en el procedimiento elegido por el Ministerio donde los intereses corporativos y particularistas pueden imperar, sin otro contraste que el estallido de cólera, que, lógicamente, reviste un sesgo también corporativo (yo puedo estimar la irracionalidad de lo dispuesto para la historia o la ciencia política, difícilmente para ,las ciencias- biológicas). Nada justifica la propensión pprmanente del Ministerio de Educación -más Consejo de Universidades- a resolver cualquier problema científico, sea un plan o una ayuda de investigación, a través de comisiones de designación superior que bloquean de hecho toda participación de los medios científicos institucionalmente reconocidos. Pasemos por un momento a investigación. Cierto que el café para todos no es bueno, como indica su director general, pero tampoco parece razonable que las reglas de funcionamiento de la comisión asesora -siempre una comisión arropada en el secreto de sus procedimientos- hagan que lo esencial no sea el qué del proyecto, sino quién lo informa, y éste lo designa el poder.

Con los planes de estudio, más allá de lo que dispone la LRU, está sucediendo lo mismo, empezando por el encasillado de los 16 grupos de trabajo (con fronteras sólo explicables por la convergencia de corporativismo y estrategia del poder). No hay que ir muy lejos para apreciar que las reglas del juego, si suscitan la fronda, es porque responden a una lógica de. comportamiento propia de un sistema absolutista y de escasa vigencia en el ámbito de la comunidad científica a que recurrentemente se hace apelación.

Y, coma siempre pasa en este tipo de procedimientos, la única fuente de información relativa a los 16 grupos de trabajo procede de las filtraciones. Así, mientras en su circular de 16 de febrero el Consejo de Universidades combate los insistentes rumores difundidos con la declaración de que los grupos se limitan a trabajar sobre directrices o marcos normativos, bajo cuerda circulan ya documentos de grupos con sus materias troncales Y créditos propuestos, marcando en algunos casos, como expresión de lafuerte troncalidad al parecer necesaria, ¡hasta las clases prácticas! No debe ser decisión espontánea, pues, el Grupo XIII dice haber actuado "de acuerdo con las instrucciones recibidas".

Más allá de la forzada ironía, el tema invita a la reflexión. En primer término, a los titulares del poder. Algunos de ellos me indicaban, en conversación informal celebrada sobre el tema hace unos días, que había que esperar a que el guiso saliera de la cocina. Habría que responder que, por la ley, en este caso la cocina es otra, y que, en cualquier forma, sería conveniente arbitrar el procedimiento para que, de un modo u otro, los clientes interviniesen en la confección del menú, siquiera a través de una rigurosa fase previa informativa, y no se limitaran a lamentar a posteriori los posibles dislates puestos en vigor en nombre de la modernización.

es catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad Complutense.