Una carrera contra reloj

Este estado de cosas no se ha generado de la noche a la mañana, y en él no han tenido parte sustancial agentes exógenos que en otros sectores económicos han tenido un papel preponderante. La industria española es deficitaria en materias primas minerales y la industria de la CEE está en una situación peor que la española.Si España tiene potencial suficiente, en variedad y calidad, para abastecer la demanda existente, no es por tanto un problema de mercado lo que está afectando a la minería. El problema fundamental arranca de la indefinición política sobre el futuro de la minería en nuestro país. El sector minero es, dentro del conjunto de la industria, el que más inercia tiene, y por tanto la repercusión de las medidas que se adopten sobre el mismo tardan más tiempo en ver su fruto. Y hay que constatar que con esta característica y el abandono sufrido en el período 1982-1986 nos encontramos en la situación en la que no hay prácticamente ninguna empresa minera del país que no esté afectada directa o indirectamente por algún expediente de crisis, que el sector de la investigación minera esté prácticamente descompuesto, que el desarrollo tecnológico sea un simple enunciado en papeles oficiales, vacíos de contenido.

Durante este tiempo, la Federación Estatal de Minería-UGT ha intentado, con todos sus medios, concienciar a la Administración de las repercusiones que el abandono a que ha estado sometido el sector podría tener en su viabilidad a medio plazo. Incluso se tuvo que llegar hasta la convocatoria de huelga general en el subsector de la minería del carbón y a huelgas parciales en diversas provincias. Los esfuerzos fueron baldíos, ya que durante cuatro años las notas predominantes en la política específica aplicada a este sector industrial fueron la apatía, la cerrazón y el desconocimiento.

A partir de la sustitución del equipo existente en el MINER, con la desaparición obligada de la escena política de sus rectores (Martín Gallego, Carmen Mestre, Kindelán), la situación ha dado un giro considerable, y la sensibilidad ante estos problemas, manifestada por la presencia de determinadas medidas de planificación, constituye un razonable rayo de esperanza. Hoy, por primera vez en los últimos años, el Gobierno está intentando acometer los problemas del sector, pero los problemas históricos de la minería española están agravados por la falta de acción de estos últimos tiempos y el establecimiento de soluciones constituye una carrera contra reloj en un circuito lleno de baches.

Es necesario destacar que existen razones de peso tanto en el campo económico como en el campo social y político, que obligan a que el Estado tenga una iniciativa fundamental en el mantenimiento y desarrollo equilibrado del sector minero. Es prioritario, por tanto, que la Administración se constituya, de forma decidida, en un elemento aglutinador de los intereses existentes y dinamice la minería española con el único soporte que es aplicado por los países de nuestro entorno: definiendo una auténtica política minera para España, pensando prioritariamente en base a los intereses de nuestro pueblo.

Varios frentes

Para esto hay que trabajar decididamente en varios frentes a la vez, ya que los problemas se amontonan. Hay que cambiar en primer lugar la imagen que la sociedad tiene de la minería. No todo es negativo en el sector minero, siendo precisamente estos aspectos negativos los que más trascienden a la sociedad. Y, paralelamente a la información veraz y completa que tienen que tener los ciudadanos, la Administración tiene que ser consciente de que un puesto de trabajo perdido en este sector tiene una repercusión de más de dos puestos y medio para nuestra economía. También tiene que ser consciente de que el saldo fiscal neto de este sector, respecto al resto de los sectores económicos españoles, es muy similar. Que la minería, a pesar de las subvenciones que reciben algunas empresas, como Hunosa, no grava al erario público de forma diferente a como lo hacen otros sectores. Que existen problemas seculares, como un minifundismo brutal, una accidentabilidad muy superior a la comunitaria, un sector de minería metálica que se hunde, una estructura financiera de las empresas que va a hacer dificil su continuidad a corto plazo, un sector de la investigación (IGME-ADARO) desarticulado e ineficaz por una desafortunada gestión. Y estos problemas deben ser resueltos desde los diversos ámbitos de competencia de forma urgente.

Para la Administración, sindicatos y patronal, en el fondo para el país, es absolutamente necesario que la carrera contra reloj que la minería empieza a correr en estos momentos se gane. Y es necesario reconocer que, para esta carrera, no existe una bicicleta que esté más preparada para su utilización que la concertación. Instrumento que la Federación Estatal de Minería-UGT pidió en su día, reclamamos ahora, y que consideramos que es el único válido, en este momento, para aunar voluntades, esfuerzos, e intereses en defensa de los mineros y de la economía española.