Cadáveres anónimos

Emilio Castellanos, de 45 años, murió en plena calle a consecuencia de un paro cardiaco el 19 de diciembre. Llevaba encima una decena de carnés y tarjetas con teléfonos, pero nadie avisó a su familia. Sólo después de mes y medio, y gracias a un conocido, lograron saber que llevaba tiempo enterrado. No es un caso aislado. La familia de Juan Carlos Rivas, muerto a los 22 años, y la de Luis Gómez Oleaga, fallecido a los 40, han vivido también la amargura de una desaparición. En los dos primeros meses de 1987 se presentaron en Madrid 151 denuncias por desaparición, de las que 73 fueron resueltas.

"De la angustia que he tenido echaba sangre por la boca". Ángela Castellanos, 73 años, describía así un mal trago que ha durado más de 40 días y del que aún no se ha recuperado. Su hijo, Emilio, compartía con ella un modesto piso en Carabanchel hasta aquel día en que "salió a comprar unos zapatos". Nunca regresó.Emilio era el mayor de cuatro hermanos. Trabajaba como empleado de la limpieza en Construcciones y Contratas. Una artrosis en el brazo izquierdo le tenía apartado temporalmente del trabajo. El 18 de diciembre salió a recoger la paga de Navidad y a hacer unas compras.

Su madre comenzó a inquietarse cuando llevaba dos días sin aparecer por casa. Nunca lo había hecho sin avisar antes. La familia empezó entonces a recorrer los bares que frecuentaba, los hospitales y el Instituto Anatómico Forense. Todo fue inútil. Ángela denunció la desaparición en la comisaría de Carabanchel el 23 de diciembre. Desde entonces volvió varias veces para preguntar: "¿Saben algo de Emilio?".

Quedaba otro recurso: un primo del fallecido conocía a un policía. "Nos llamó por teléfono el 3 de febrero para decirnos que en la comisaría de la calle de la Luna tenían noticias de Emilio", relata Carmen, hermana del fallecido. "Fuimos allí al día siguiente y nos dijeron que había muerto el 19 de diciembre. No nos lo podíamos creer".

En el Juzgado de Instrucción número 19 se encontraban los objetos personales que llevaba en el momento de su muerte: el carné de identidad, una cartilla de ahorros, las llaves de su domicilio y 26 pesetas, entre otras cosas. El juez autorizó la exhumación del cadáver, que estaba enterrado desde el 13 de enero en un nicho temporal del cementerio de Fuencarral. Según la autopsia del forense, la muerte se produjo a consecuencia de "una insuficiencia cardiaca, con edema agudo de pulmón".

Muerto en Preciados

La versión policial señala que Emilio Castellanos fue encontrado muerto en las inmediaciones de la calle de Preciados el 19 de diciembre. El certificado de defunción se expidió en la Casa de Socorro del distrito de Centro.Según la policía, el inspector de guardia de la comisaría de la calle de la Luna intentó avisar telefónicamente a la familia, pero el domicilio que constaba en el carné de identidad del muerto (calle de General Ricardos, 193) no tenía teléfono.

La familia señala que, además del DNI, Emilio llevaba teléfonos de sus hermanos en varias tarjetas, así como otros documentos donde constaba su lugar de trabajo. "Lo menos que podían haber hecho era mandar un coche-patrulla o un telegrama a casa de mi madre", afirma Carmen. La familia presentó una denuncia el 4 de marzo solicitando que se investiguen los hechos por si son constitutivos de delito. Los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, sindicato al que pertenecía el fallecido, se hicieron cargo del caso.

Para el abogado José Luis Fernández Chillón, las irregularidades cometidas son varias: "Aparte de no haber comunicado la muerte a la familia, nada se sabe de la denuncia puesta por la desaparición de Emilio Castellanos salvo que fue enviada al juzgado de guardia. La familia tampoco tiene constancia escrita de dónde murió Emilio ni de quién recogió el cadáver".

La familia Castellanos no fue la única. El calvario de la familia Rivas duró una semana. Juan Carlos Rivas, de 22 años, salió el 19 de febrero de su domicilio, en la localidad madrileña de Pinto. Se llevó la cartilla de la Seguridad Social de la familia. No volvieron a tener noticias suyas.

La familia empezó el periplo de hospital en hospital. "Sentíamos una angustia horrible", señala su madre, Bienvenida Carrillo. "Al ver que no aparecía pusimos una denuncia en el cuartelillo de la Guardia Civil. Un sacerdote amigo de la familia llamó después de una semana al Instituto Anatómico Forense, y allí estaba". Juan Carlos había muerto por una sobredosis de droga el mismo día en que salió de casa. Fue encontrado en el ambulatorio de Villaverde y trasladado al Primero de Octubre. Juan Carlos falleció en el hospital, donde quedaron también su carné de identidad y la cartilla de la Seguridad Social.

El destino escogió el 28 de diciembre de 1985 para jugar otra de sus malas pasadas. María del Carmen Gómez Oleaga ingresó por esas fechas en el Hospital Clínico de San Carlos, ignorante del paradero de su hermano Luis, de 40 años, que convalecía como no identificado dos pisos más abajo. Luis había ingresado en coma tras ser atropellado por un coche el 1 de diciembre. No llevaba documentación.

A la familia sólo le quedaba buscar debajo de las piedras cuando, tres meses después de su desaparición, María del Carmen escuchó por radio la descripción de alguien que guardaba una asombroso parecido con su hermano. La policía había facilitado su foto y su descripción a los medios de comunicación para averiguar la identidad del desconocido. Luis había muerto el 4 de enero, después de estar 35 días en coma. Luis era una de las dos o tres personas que anualmente mueren sin identificar en hospitales madrileños.

La familia puso el caso en manos de la abogada Cristina Almeida. "Lo sorprendente del caso", señaló la abogada, "es que existiendo tres diligencias abiertas -una por el atropello del desconocido, otra por su muerte y una última a raíz de la denuncia por su desaparición- las investigaciones no coincidieran en ningún momento".

Según la policía, la mayor parte de las denuncias por desaparición están relacionadas con problemas familiares -niños y jóvenes en edad estudiantil-, secuestros o abandonos de domicilio. Un porcentaje mínimo de las denuncias guarda relación con personas que mueren indocumentadas. En dos de los tres casos narrados, los cadáveres anónimos llevaban su carné.