Cerco a la corrupción judicial
DESDE HACE algunas semanas, los juzgados de Madrid, y muy principalmente los que tramitan asuntos civiles, viven una dificil situación. Los asuntos están más paralizados que de costumbre, y los funcionarios se niegan a efectuar diligencias que supongan un desplazamiento fuera del juzgado, alegando que nadie se las abona. Es decir, de hecho existe una huelga de celo, consistente en el cumplimiento estricto del reglamento, según el criterio subjetivo de quienes así deciden actuar. Pero ningún colectivo funcionarial ha asumido públicamente la representación de esta protesta.A la vez se producían dos hechos que han impactado en el corazón mismo de dos vergonzantes prácticas judiciales. El primero de ellos es el sumario abierto a varios subasteros -algunos de ellos se encuentran en prisión preventiva- Los turbios intereses que se movían en torno a las subastas de bienes embargados por decisión judicial, el recurso a sucias maniobras y a toda clase de artimañas, e incluso amenazas, para conseguir a bajo precio este tipo de bienes constituían hasta ahora uno de los escándalos más flagrantes de la justicia española, y ante el que siempre ha existido una actitud negligente, rayana a veces en el delito, por parte de los propios jueces y del ministerio fiscal. El otro hecho es la decisión del Consejo Nacional de los Procuradores de Tribunales de acabar con las astillas, es decir, la entrega de determinadas cantidades para agilizar los expedientes o compensar el celo funcionarial en su tramitación.
Se trata, esperamos, del comienzo del fin de estas odiosas y abusivas prácticas que tan negativa imagen han proyectado desde siempre sobre lajusticia. A ello también contribuirán la beligerancia mostrada en los últimos años por el Consejo General del Poder Judicial y los distintos pasos dados por el Gobierno a favor de la gratuidad de la justicia y, por tanto, de la desaparición del dinero en los juzgados.
La convergencia de este conjunto de medidas puede terminar por primera vez con las pequeñas o no tan pequeñas gabelas funcionariales creadas desde antiguo a costa del justiciable bajo el pretexto de la penuria presupuestaria, del descontrol y de la desorganización de la oficina judicial. Ahora, cuando se dan pasos para clarificar la situación, algunos funcionarios se rebelan sigilosamente, sin duda porque para ellos es más provechoso que el río siga revuelto que no que las aguas dejen de estar turbias. Algunas decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial han podido crear malestar entre los funcionarios, pero bajo ningún concepto pueden ser utilizadas como justificación de la continuación de prácticas corruptas o para agravar todavía más la situación de parálisis de los juzgados.
Muchos de los problemas son de simple organización. Así, por ejemplo, las salidas para notificaciones no pueden resolverse pagando simplemente al funcionario el billete del autobús o del metro. Debe existir una adecuada compensación económica, más justificada en el supuesto de que se produzcan fuera del horario laboral. O, en todo caso, que se formen oficinas de notificaciones con funcionarios cuya actividad sea precisamente ese cometido.
También deberían ponerse de acuerdo el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial sobre si sólo los secretarios o también los oficiales debidamente habilitados para ello deben estar presentes en los actos de embargo. Aunque quizá lo más correcto sería dejar este tipo de decisiones, eminentemente operativas, en manos de los jueces, que son los directores del proceso.
En todo caso, estos problemas, y todos los que tengan que ver con reivindicaciones económicas y profesionales, deben ser puestos encima de la mesa y no plantearlos subrepticiamente. De otra forma parecería que, más que resolverlos, lo que se pretende es escudarse en ellos para que las cosas no se arreglen, los males de lajusticia persistan y la corrupción siga campando por sus respetos en las oficinas y en los pasillos de los juzgados españoles.
