El Gobierno español presenta ante la Comisión Europea las zonas que recibirán ayudas regionales

El proyecto de reglamento que desarrolla la ley de Incentivos Regionales, de diciembre de 1985, ha recibido ya el dictamen del Consejo de Estado y podrá ser aprobado en un próximo Consejo de Ministros. La principal observación al reglamento por parte del Consejo de Estado es que el porcentaje de subvención prevista es sensiblemente menor a los límites que permite la legislación comunitaria.En este reglamento se fijan los criterios que seguirá el Gobierno español a la hora de presentar proyectos para acceder al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como las ayudas que se otorgarán directamente. Supone, por otra parte, la desaparición de todas las subvenciones que hasta el momento proporcionan diferentes organismos estatales y autonómicos. Sin embargo, las comunidades autónomas no tendrán participación en la determinación de estas ayudas, pues quedan excluidas del consejo rector que se creará para ello.

El Consejo de Estado considera que se debería ir a los topes máximos de subvención permitidos por la Comunidad Europea (CE), es decir, a partir del 75%, mientras que el reglamento establece tres grupos para los cuales las ayudas serán del 55%, 45% y 35% para las zonas clasificadas como de "promoción económica". El destino de estas subvenciones es la financiación de proyectos que generen desarrollo económico en determinadas áreas.

Fuentes del Ministerio de Economía señalan, sin embargo, que si da una subvención neta equivalente -el valor de todas las ayudas públicas de que se beneficie un determinado proyecto, actualizada al momento de la concesión y libre de impuestos- del 75%, tal como permite la Comunidad Europea, supondría dar una financiación de casi el 100%.

Y en este caso sería como si el Estado invirtiera directamente, con lo cual se desvirtuaría el objetivo final, que es "crear las condiciones adecuadas en las zonas con problemas para que puedan competir en el resto del territorio e incidir en las decisiones empresariales de localización de sus inversiones", según se expresa en el proyecto de reglamento.

El reglamento regula, además, la composición del consejo rector, entre cuyas funciones estarán las de programar y promover las actuaciones estatales en materia de incentivos regionales. Concretamente, este consejo elaborará propuestas para la delimitación de zonas promocionables y prioritarias, los sectores que se beneficiarán de las ayudas, los proyectos, así como decidir las inversiones para las que se va a solicitar contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Este consejo estará adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda y será presidido por un representante de este departamento. Como vocales formarán parte directores generales de todos los ministerios económicos, así como de Administración territorial. En algunos casos se crearán comisiones de trabajo para zonas determinadas que incorporarán a representantes de la comunidad autónoma de que se trate.

Proyectos viables

El reglamento divide en zonas de promoción económica (según la renta por habitante y la tasa de paro), industriales en declive (las afectadas por la reconversión industrial) y especiales las que recibirán ayudas. Para las primeras, la subvención neta equivalente será del 55% 45% y 35%. El Ministerio de Economía y Hacienda aprobará, mediante decreto, tanto las zonas como los proyectos que se beneficiarán de ayudas. Si la subvención supera los 1.000 millones de pesetas, la concesión corresponderá a la comisión delegada del Gobierno para asuntos económicos.

La creación de nuevas empresas que generen puestos de trabajo, la ampliación de empresas ya instaladas que suponga una aumento de la productividad, así como el traslado de empresas o su modernización, serán proyectos que podrán optar a las subvenciones.

La condición necesaria exigida para acceder a estos fondos es que se trate de proyectos viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero y que dispongan de un nivel de autofinanciación no inferior al 30% de la inversión aprobada.

Las ayudas previstas pueden ser subvenciones a fondo perdido de los intereses de los préstamos que el solicitante obtenga de entidades financieras y subvención para amortización de estos préstamos. Además, podrán acogerse a una bonificación de hasta el 95% de la cuota empresarial a la Seguridad Social correspondiente a los puestos de trabajo aprobados durante un período máximo de tres años.