El juzgado interviene 50 expedientes de expulsiones irregulares de polizones

El juzgado de guardia intervino el pasado fin de semana medio centenar de expedientes sobre expulsiones de España de polizones localizados en barcos, practicadas de forma supuestamente irregular por la empresa privada que dirige Samuel Olaf Bull, de origen noruego. Los expedientes fueron localizados por el juez de guardia y por la policía en la empresa Sworn Mariner Surveyor, de Barcelona, y han sido entregados al Juzgado de Instrucción número 6, que ha asumido la investigación del caso.

La investigación sobre las actividades de Bull se inició el pasado día 21, cuando el juez Gerard Thomás, que estaba ese día de guardia, tuvo conocimiento por la lectura de una información publicada en EL PAÍS de la actuación presuntamente irregular de la citada empresa.El juez se trasladó, acompañado de la policía, a la oficina de Bull en la calle de Nápoles, donde efectuó un minucioso registro interviniendo medio centenar de expedientes relativos a expulsiones de polizones. El juez mandó también sellar un armario del despacho en el que se guardaban también otros importantes documentos. Ese mismo día, el magistrado citó a declarar a Samuel Olaf Bull, a quien interrogó durante varias horas sobre sus actividades empresariales.

La Audiencia Nacional

Las diligencias previas abiertas por el juez Gerard Thomás, siguiendo las normas de reparto, fueron sorteadas y correspondieron al Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona, que preside el magistrado Julio Sáenz de Vicente. En medios jurídicos se asegura, sin embargo, que esta causa podría ser trasladada a la Audiencia Nacional, ya que las supuestas irregularidades se han cometido en diferentes puertos de España.El propio Samuel Olaf Bull manifestó a este periódico que el mecanismo jurídico y procesal de expulsión de los polizones se lo había sugerido un empresario naval de Cartagena, que lo había puesto en práctica en reiteradas ocasiones. Bull aseguró que esta fórmula se utilizaba asimismo en otros puertos españoles y que su empresa había sido requerida en reiteradas ocasiones desde diferentes puntos del país para hacerse cargo de numerosos polizones. Bull hizo especial referencia a su participación en la repatriación de los súbditos argelinos localizados en el buque Aquila, fondeado en Tarragona.

El Gobierno Civil de Barcelona se ha negado a comentar el caso. Un portavoz ha recalcado que el asunto está en manos de los jueces, a quienes compete decir si estas expulsiones se realizaban o no de forma irregular y si eran constitutivas de delito. El mencionado portavoz aseguró que, ante la iniciativa del juez, se había optado por no abrir ningún expediente informativo. Tampoco quiso pronunciarse sobre la forma en que en adelante se iba a utilizar para expulsar de España a los viajeros clandestinos localizados en los barcos.

En medios jurídicos se insiste en que las expulsiones efectuadas por la empresa de Samuel Olaf Bull transgreden todas las garantías que la ley de Extranjería concede a los no nacionales. Las mismas fuentes aseguran que los argumentos jurídicos esgrimidos por Bull para detener y expulsar a los polizones se basan en el decreto 522/1974, que quedó derogado en julio de 1985 con la entrada en vigor de la ley de Extranjería.