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Editorial:

Los obispos eligen

ESTA TARDE comienzan las votaciones de los obispos. Setenta y siete sufragios van a decidir, para el próximo trienio, quiénes van a ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y 14 presidentes de comisiones sectoriales de la conferencia episcopal. Además tendrán que elegir tres vocales del consejo ejecutivo, formado por siete prelados que vigilan la ejecución de los acuerdos y preparan las sesiones de la comisión permanente.Los católicos se preocupan de las tendencias que van a predominar en las elecciones. Pero, quiérase o no, este acontecimiento interior desborda las fronteras del ámbito eclesiástico. La conferencia es una institución joven, posterior al concilio. Pero ha llegado a condensar el protagonismo del catolicismo español, cuya tradición está cargada de responsabilidades históricas y cuyo futuro no puede desligarse de nuestro proceso democrático.

Aunque no parece que existan enfrentamientos o grandes diferencias teológicas, son diversas las visiones de nuestra realidad sociopolítica. Los obispos enjuician de manera distinta la permisividad democrática y no coinciden fácilmente en la interpretación del papel que desempeña lo religioso en un Estado aconfesional y en una sociedad cada vez más plural y compleja. Por mucho que haya disminuido su relevancia, interesa observar desde fuera el rumbo de los contenciosos que siguen manteniendo los representantes de la Iglesia con la sociedad española.

En esas relaciones con la sociedad se insertan las tensiones y aun la hostilidad que mantienen con los medios de comunicación social estatales y privados. Ven en la libertad de expresión y en la laicidad de los medios enemigos y campañas, cuando en la realidad la conferencia sigue siendo un castillo artillado con escasos puentes levadizos. Sus miembros deliberan en secreto, como los de un consejo de administración que informa parcialmente a sus accionistas. Miran con especial simpatía a sus aduladores, y denuncian con vehemencia cualquier voz que entiendan que hiere "los sentimientos religiosos de los españoles".

Hay que decir que los obispos no deben creerse los custodios de un orden moral único, que no es acepta do por grandes sectores de la población. Nadie les va a negar el derecho a pronunciarse, siempre que no s e descalifique a los discrepantes ni intenten erigirse en los intérpretes únicos del bien común. No son coherentes con sus propósitos de apartidismo político cuando hablan como si fueran miembros del poder legislativo y cuando intentan dogmatizar el discurso público. Sus relaciones privilegiadas con los poderes del Estado constituyen una muestra residual de su antiguo poder moral hegemónico.

Ninguna otra institución española tiene tantos medios como la Iglesia para dialogar con la sociedad, con sus grupos intermedios y con cada uno de los ciudadanos. En un régimen de libertades públicas carece de sentido la presencia de cualquier aparato ideológico represivo fuera de los que prevé la Constitución. Actitudes intolerantes con los partidarios del aborto o de determinadas formas de relación sexual no facilitan la convivencia.

Algunos obispos que en los últimos años del franquismo y durante nuestro período constituyente izaron la bandera de la reconciliación de todos los españoles aparentan ahora arrepentirse de aquella actitud, que suscitó no pocas esperanzas. Parece como si defendieran la soberanía del pueblo sólo hasta cierto límite, fijado por ellos. Su contribución a la paz social, sus denuncias de la injusticia y sus discrepancias serán sólo valiosas en la medida en que logren audiencia en las condiciones libres y autónomas de un pueblo cada vez más celoso de sus libertades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de febrero de 1987