El Gobierno cree necesaria una aclaración de la sentencia sobre la contribución urbana

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, sugirió ayer, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que "quizá sea necesario pedir al Tribunal Constitucional una aclaración", sobre la sentencia que ha emitido esta semana y que desautoriza la discrecionalidad de los ayuntamientos en la fijación de los recargos sobre la contribución territorial.El Gobierno, dijo Solana, está dispuesto a llegar próximamente a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en relación con la devolución a los contribuyentes de las cantidades cuyo cobro ha sido desautorizado por el Tribunal Constitucional.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Madrid está a la espera de la orden del Ministerio de Hacienda para devolver a 1.200.000 contribuyentes el gravamen de la contribución urbana desde 1984, según afirmó ayer el concejal de Economía y Hacienda, Alfredo Tejero, quien añadió que los recargos, cuyo importe total asciende a 7.000 millones de pesetas, podrían empezar a devolverse dentro de 12 días.

El Consejo de Ministros aprobó una reorganización del Ministerio de Economía para atribuir diversas direcciones generales a las secretarías de Estado de Comercio y Hacienda, tras la reestructuración de la cúpula del ministerio, y estableció la nueva estructura del Ministerio de Administraciones Públicas, en la que desaparece la Secretaría de Estado para las Comunidades Autónomas.

En sustitución de esta secretaría ha sido creada una Secretaría de Estado que asume la política relacionada no sólo con las comunidades autónomas, sino también con la administración municipal. Ayer no fue nombrado el responsable de esta secretaría, lo que significa que María Izquierdo, responsable desde diciembre de 1982 de la Secretaría de Estado ahora desaparecida, queda apartada de las responsabilidades de gobierno.

El Gobierno autorizó asimismo la disolución y absorción de la Compañía de Estudios Técnicos y Materiales Especiales (CETME) por la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, y admitió la inversión de 2.000 millones de pesetas de la Caisse Nationale de Crédit Agricole para abrir una sucursal en España.

El Consejo de Ministros designó embajador en Filipinas a Enrique Romeu Ramos, y embajador en Túnez, a Felipe de la Morena y Calvet.