Admitida la solicitud de suspender el proceso electoral en Cajamadrid

La Audiencia Territorial de Madrid admitió ayer a trámite la solicitud del grupo comunista en el ayuntamiento para suspender la renovación de órganos rectores en la Caja de Ahorros de Madrid, basada en que las designaciones efectuadas por el alcalde no han seguido los principios de pluralismo político y de proporcionalidad. Los demás partidos de la oposición -Alianza Popular, Partido Liberal y Partido Demócrata Popular- también preparan recursos con parecidos motivos. En caso de confirmarse la suspensión judicial, aparte de quedar paralizado el proceso electoral en Cajamadrid, se plantearían impugnaciones similares en otras cajas.

Antes de que se conociera en fuentes judiciales la admisión del recurso planteado por los dos concejales del PCE en el ayuntamiento, Juan Francisco Herrera y Mario Molla, éstos y el portavoz del Grupo Popular, José María Álvarez del Manzano, criticaron ayer por separado los criterios seguidos por el alcalde, Juan Barranco. Además de pedir que el pleno municipal anule los nombramientos, ambos grupos declararon que el decreto dictado el pasado 30 de enero por el alcalde para designar a 28 de los 72 representantes de las corporaciones locales en la asamblea de Cajamadrid incumple la ley de Régimen Local. Argumentan que el artículo 22 de dicha ley exige el paso por el pleno municipal de los "acuerdos relativos a la participación en las organizaciones supramunicipales".

Posible suspensión

El recurso de los concejales del PCE ha sido planteado por el bufete de abogados Palacio-Delgado, el mismo al que han acudido también para impugnar el decreto del alcalde los otros tres grupos de la oposición: AP, PL y PDP. Fuentes de este despacho han manifestado que existen grandes probabilidades de lograr un auto de suspensión del decreto, lo que paralizaría el proceso electoral hasta que se conozca la sentencia. La primera decisión de la Audiencia, a juzgar por la ley de Protección de los Derechos Fundamentales, podría conocerse cinco días después de que la alcaldía presente sus alegaciones.Las argumentaciones de la oposición se centran también en que la designación de representantes municipales en Cajamadrid incumple los principios de pluralismo y proporcionalidad, al haber sido efectuadas por el alcalde entre militantes del PSOE o de la UGT o personas afines, como los presidentes de grandes empresas públicas. Por los mismos motivos, los socialistas han recurrido el decreto de la Generalidad de Cataluña que miniminiza la representación de los grandes ayuntamientos, gobernados por ellos. Otros decretos autonómicos han sido promulgados de forma que aseguran la mayoría del PSOE incluso en zonas donde carece de ella, como Córdoba, al frente de cuya alcaldía está el PCE. Este partido no tiene un sólo representante en la caja porque el decreto autonómico prima a la diputación.