Justicia o inquisición

ANTONIO NAVARRO, el juez que denunció a una pareja de jóvenes porque se acariciaban en público en el pueblo de Azuaga, era hasta el pasado 2 de febrero juez de provisión temporal del pueblo de Azuaga, en Badajoz. Ahora es probable que jamás vuelva a esa localidad extremeña, donde ayer todos los habitantes mostraron su absoluta repulsa por las consecuencias que ha tenido su actitud inquisitorial. Su denuncia, y la posterior condena de la pareja (cinco meses de arresto mayor para él, dos meses para ella, una muchacha de 17 años), fue duramente criticada dentro y fuera de la localidad extremeña, pero alcanzó caracteres de drama cuando el joven incriminado cometió suicidio el pasado 7 de febrero. La reacción popular ante la condena y frente a los sucesos posteriores ha sido manifestada mediante una huelga general que se produjo ayer mismo.Cierto que en el ánimo del juez Antonio Navarro no estaba prevista la sucesión de hechos que provocó con su acción y eso puede ser, sin duda, un grave error de algunos de aquellos que juzgan o procesan. Si nadie se lo demanda legalmente, la sociedad sí puede hacerlo.

Un noticiario salpicado de justicieras redadas de prostitutas o persecución de analfabetas que no miden sus palabras ante la autoridad cuando son arrancadas por desahucio de sus viviendas conforma un espectáculo que recuerda antes los modos de la Inquisición que de la justicia moderna. Cuando, en ocasiones, se pide que se modernice la justicia se está hablando, generalmente, de informatización, de aceleración de trámites, de limpieza en el funcionamiento en los juzgados. Pero hay una modernización de otra índole, y es la que exige una puesta al día en las mentalidades de las personas en cuyas manos está la facultad de juzgar.

Los jueces tienen la independencia que todos hemos deseado siempre para desempeñar esa facultad y la suficiente capacidad de interpretación, dentro de los códigos, como para ejercer lo que justamente da nombre a su profesión y cargo: el juicio. Pueden y deben ser independientes de los otros poderes, pero hay uno que puede parecerles invisible, o quizá inestimable, del que son representantes: el de la sociedad que delega en ellos su defensa.

La sociedad española ha evolucionado muy profundamente en los últimos años quizá con más velocidad que algunos estamentos. Muy probablemente, la existencia de la institución del jurado tantas veces prometida por el Ejecutivo y sucesivamente aplazada habría evitado en este caso y en otros de semejantes características esa clamorosa escisión que se viene produciendo entre el sentido común y la decisión de algunos jueces. Su necesidad y las consecuencias dramáticas de su ausencia saltan a la vista.