Resíduos radiactivos en medio de la ciudad

LA REVELACIÓN (en EL PAIS del 3 de febrero) de que en las instalaciones de la Junta de Energía Nuclear (JEN), en la Ciudad Universitaria de Madrid, se hallan depositadas más de 100 toneladas de residuos radiactivos de baja y media actividad y otras sustancias altamente tóxicas, constituye una noticia lo suficientemente preocupante como para esperar que no sea despachada con las habituales lamentaciones sobre los riesgos inherentes a toda actividad humana relacionada con el progreso científico o tecnológico. Especialmente cuando la naturaleza práctica, y no meramente teórica, del problema es puesta de manifiesto por la realidad de sendos accidentes, en 1970 y en 1984, en las citadas instalaciones.En el primero de esos accidentes -cuya existencia se mantuvo en secreto hasta que fue desvelada por la Prensa, meses más tarde-, 300 litros de líquidos altamente contaminantes almacenados en las instalaciones de la JEN fueron a parar a la red de alcantarillado de Madrid y, airavés de ella, a los cauces de tres ríos de la comarca. Más de 300 barriles con lodo y productos agrícolas recogidos en las vegas de esos ríos hubieron de ser almacenados en el cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, donde continúan todavía hoy. El deterioro de los envases obligó, hace nueve meses, a un reforzamiento de los bidones. El segundo accidente, también por un escape de líquidos contaminantes, se produjo en 1984, y sus efectos fueron de escasa gravedad, no obstante lo cual también se tardó más de dos meses en facilitar información oficial.

Este secretismo contrasta con la actitud mantenida por el Gobierno español en relación a los vertidos de residuos radiactivos al mar. En 1985, España consiguió que fuera aprobada por la Convención de Londres -que agrupa a 61 países- una resolución, presentada por nuestros representantes, por la que se establecía una moratoria en los vertidos de materiales radiactivos de baja y media actividad "en tanto no se demostrase la inocuidad de tales materiales". En la práctica, según se confirmó en una reunión de la citada Convención celebrada en octubre pasado, se trata de una moratoria sine die. La aprobación de la resolución fue saludada como una victoria de la representación española. Sorprende por ello el contraste entre la oposición a los vertidos marinos y la relativa pasividad ante los problemas planteados por el almacenamiento en tierra de esos mismos residuos, cuya inocuidad dista de estar demostrada. No se, entiende por qué son inadmisibles los cementerios nucleares en el océano, a gran profundidad, y admisibles ' en el centro de una populosa ciudad. El reiteradamente anunciado Plan de Residuos Radiactivos sigue pendiente de aprobación.

Un real decreto de julio de 1984 autorizó la constitución de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA), participada en un 80% por la JEN y en un 20% por el INI, y cuya misión se definía como la de "gestionar el acondicionamiento, transporte, almacenamiento definitivo y posterior control y vigilancia" de ese tipo de residuos, de tal manera que "de su realización no se deriven daños para las personas ni para el medio ambiente y que se minimice la hipoteca a las generaciones futuras". ENRESA está encargada de realizar un estudio geológico orientado a la localización de las zonas del territorio nacional más adecuadas para la ubicación de sendos centros de almacenamiento de residuos de alta y de baja y media radiactividad, respectivamente.

Mientras tanto, 130 toneladas de residuos contaminantes siguen almacenados en una ciudad de cerca de cuatro millones de habitantes. En un radio de tres kilómetros en torno a la JEN reside medio millón de personas. La ley exige la existencia de planes específicos de protección civil en todas las zonas poblacionales situadas en las inmediaciones de instalaciones nucleares. La elaboración de un plan de esa naturaleza fue aprobado por el Ayuntamiento de Madrid hace ocho meses, pero, según acaban de denunciar los concejales comunistas del municipio de la capital, hoy es el día en que ninguna iniciativa concreta en tal sentido ha sido adoptada. Si se recuerda que en España existen decenas de instalaciones que utilizan energía nuclear y se toma en consideración el hecho de que experiencias como la de Chernobil y otras demuestran que el fallo humano es posible cualquiera que sea la sofisticación de la tecnología aplicada, habrá de concluirse que la preocupación de los ciudadanos está más que justificada. Y que esa preocupación no depende de la actitud filosófica que frente al progreso tecnológico en general, y la utilización de la energía nuclear en particular, adopte cada cual. Sino de la existencia de un riesgo que sería insensato ignorar.