El Ayuntamiento de Zamora repartió 22 millones entre sus concejales
El Ayuntamiento socialista de Zamora destinó más de 22 millones de pesetas durante los años 1984 y 1985 para financiar actividades de los tres partidos políticos con representación municipal (PSOE, Coalición Popular y Centro Democrático y Social). La operación, sobre la que "no existe sombra de ilegalidad" según fuentes municipales, fue aprobada por la mayoría de la corporación en diferentes plenos. Partidos extramunicipales, como el Prepal o Izquierda Unida, han denunciado un sospechoso paralelismo entre la polémica subvención zamorana y el escándalo de reparto de dinero realizado por el Ayuntamiento de Cartagena.Forzado por el recrudecimiento de las críticas ciudadanas, el Ayuntamiento de Zamora tuvo que explicar el pasado lunes por la noche, en el transcurso de un pleno, por qué decidió destinar una partida de más de 22 millones de pesetas para subvencionar a los partidos políticos, entendidos éstos dentro del presupuesto municipal como "entidades sin ánimo de lucro".
Según el concejal delegado de Hacienda, Manuel Riesco, la financiación a grupos políticos fue necesaria para cubrir las deficiencias de infraestructura de la casa consistorial y para reforzar la gestión de los 25 concejales. Los partidos, según la misma versión, utilizaron el dinero para crear en sus sedes oficinas de consulta municipal o para contratar a técnicos para asesoramiento de sus respectivos grupos de concejales.
El gobierno socialista del Ayuntamiento zamorano descartó rotundamente la posibilidad de establecer comparaciones entre su actuación y el caso de Cartagena. Siempre bajo el convencimiento de la legalidad del proceso, los responsables municipales afirman que el reparto de dinero no tuvo en Zamora el perfil oscuro que caracterizó al del Ayuntamiento murciano. Para demostrarlo aportan las correspondientes aprobaciones de partidas presupuestarias, los acuerdos de plenos, los períodos de información pública y la presentación de balances económicos ante administraciones superiores, como el Tribunal de Cuentas, que no ha alegado nada en contra.
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