Abierto expediente al consejo y al director de la Caja de Guadalajara

El Banco de España ha abierto un expediente a todos los miembros del consejo de administración y al director cesado de la Caja Provincial de Guadalajara por entender que pueden haberse producido actuaciones que van en perjuicio de la entidad en la resolución del cese del director general, Juan Bautista Pareja Leiva. El expediente, que se cerrará en un período de tres o cuatro meses, puede acarrear la separación de todos los miembros del consejo y una sanción económica.

El expediente ha sido iniciado por la inspección del Banco de España como consecuencia de la comunicación llevada a cabo por la comisión de control de la Caja Provincial de Guadalajara, del cese del anterior director general y el acuerdo de indemnización que en su momento tomó el Consejo de Administración.El Consejo decidió, el 26 de septiembre del pasado año, retirar la confianza al que era entonces director general. El Consejo entendía que el alto ejecutivo de esta entidad se había excedido en sus funciones al aceptar que en una cuenta a su nombre existiera un descubierto superior a los ocho millones de pesetas.

El Consejo, en el acta de su reunión, señala que este descubierto, "además de exceder de las facultades que éste [el director general] tiene conferidas, no cuenta, como es preceptivo, con la autorización del Consejo".

El Consejo de Administración en la citada reunión acordó, "con la única intención de evitar daños", según se recoge en el acta, ofrecer "una vía de negociación para la extinción voluntaria del contrato laboral de carácter especial" que tenía el entonces director general.

El director general pidió entonces que se rescindiera su contrato especial, pero a condición de que él pudiera seguir trabajando dentro de la Caja como jefe de primera. Al mismo tiempo pidió una indemnización económica igual al importe de tres anualidades del salario bruto total que debería haber percibido en 1986 si hubiera continuado desempeñando las tareas de director general de la entidad.

Los representantes de los empleados en el Consejo de Administración hicieron otra propuesta, anunciando que solamente votarían ésta. La propuesta de los representantes de los empleados significaba que la Caja Provincial asumía todas las deudas de Pareja Leiva -en aquel momento se reconocían ya 38 millones de pesetas-, y que el director general cesado recibiera un millón de pesetas más. También se proponía que la Caja corriera con la repercusión fiscal que esos 39 millones de pesetas supusiera. El director general reconoció deber uin total de 39 millones de pesetas: 15 millones a la Caja Provincial y 24 millones a otras entidades financieras.

Tres anualidades

El Consejo de Administración aprobó, finalmente, la propues ta que había realizado el propio director general cesante. En consecuencia, mantuvo a éste como empleado de la Caja en calidad de jefe de primera y le abonó el importe equivalente a tres anualidades en concepto de indemnización.La Dirección General del Tesoro, al tener conocimiento de los hechos a través del informe presentado por la cornisión de control, comunicó sus temores al Banco de España de que el Consejo de Administración de la Caja no hubiera actuado correctamente en este caso.

En su opinión, la indemnización que debe corresponder por la rescisión del contrato de carácter especial tendría sentido en la medida en que el cesado no hubiera incurrido en mala gestión o no se hubiera favorecido por el cargo que venía desempeñando.

Para los responsables de la Dirección General del Tesoro, no sólo el Consejo de Administración actuó de forma indebida, sino que la comisión de control de la Caja Provincial de Guadalajara tampoco fue a la zaga.

La comisión "se limitó a transcribir el acuerdo de cese decidido por el Consejo", cuando la ley de órgarios rectores de la comisión de control tiene la potestad de "proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos del Consejo cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados o al crédito de la Caja de Ahorros o de sus impositores o clientes".

La inspección del Banco de España terminará la instruccíón del expediente en un período no superior a los dos o tres meses. Una vez concluida la instrucción se puede proponer a la autoridad nionetaria cualquier tipo de sanción (separación de cargos y de dinero). La autoridad monetaria la transmite al ministro de Economía, que es quien debe hacerla efectiva.