Los costes diferidos arrastrados por las eléctricas superan los 300.000 millones de pesetas
Las proyecciones financieras de las empresas eléctricas, que desde la semana pasada se encuentran ya auditadas en manos deL Ministerio de Industria y Energía, revelan una acumulación de costes diferidos deL orden de 300.000 millones de pesetas en el conjunto del sector y apuntan la necesidad de diferir hasta 1990 los que se generen en el ejercicio pasado y probablemente en el que acaba de comenzar. En el sector eléctrico existe una profunda preocupación por la nueva política gubernamental, que tras poner fin a los fondos tarifarios destinados a saneamiento ha limitado los aumentos de tarifas a un nivel que, con la salvedad de alguna empresa, no ataca su problema histórico: la acumulación de los intereses intercalarios.
Los presidentes y responsables financieros de las empresas más importantes del sector han ultimado la semana pasada el nuevo turno de entrevistas personales que el Ministerio de Industria inició para conocer sus proyecciones económicas individualizadas. Al final, y tras algunas discusiones menores con los auditores de Arthur Andersen, las proyecciones fueron pasadas y aceptadas como válidas por Industria, entendiéndose que los estudios "reflejaban con exactitud la situación real de cada empresa".En estos momentos el ministerio desgrana las cifras, y se espera que los próximos días anticipe, quizá en la orden ministerial que autorice el incremento de tarifas, un esquema inicial de lo que será su nueva política para el sector.
Según datos contrastados, las proyecciones Individualizadas de las principales empresas han puesto de manifiesto algunas sorpresas, mientras que han limitado a su punto exacto algunos de los rumores en torno a la situación de otras. Así, las proyecciones revelan que Hidroeléctrica Española, en su balance consolidado con Hidruña, tiene una acumulación de costes diferidos de 120.000 millones, el mayor del sector. Le siguen Fecsa, con un diferimiento del orden de 100.000 millones; Unión-Fenosa, con menos de 40.000 millones; Sevillana, entre 35.000 y 40.000; mientras que Endesa e Iberduero mantiene una situación estable, en tanto que a la primera se le plantea el interrogante de las pasadas adquisiciones de activos, y a la segunda la incertidumbre permanente derivado de la central nuclear de Lemóniz.
Estabilidad del sector
En el sector eléctrico estas cifras están asumidas desde hace tiempo, y a juicio de altos responsables del mismo no presentan grandes amenazas sobre la estabilidad financiera del conjunto del sector y de cada una de sus empresas.
Pero algunos directivos han visto superada "su capacidad de sorpresa" con la reciente decisión de Industria de proponer un aumento de tarifas que, aparte de vulnerar los compromisos establecidos en los protocolos firmados con el hoy ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, limitan a un 4% el incremento previsto en las tarifas; es decir, en los ingresos del sector.
Las eléctricas habían solicitado un aumento tarifario entre el 11 % y el 17% sobre la base de dos premisas: en primer lugar, su pretensión histórica de traspasar a tarifas el impacto (un 3%) que tendrá en los costes de las empresas el pacto del 31 de diciembre de 1985 para incremento de los precios de Endesa; y en segundo lugar, la inclusión en los aumentos de la sugerencia oficial para que en 1987 no se acumularan nuevos costes diferidos; es decir, que el desequilibrio entre gastos e ingresos no se sumara en el activo vía nuevo diferimiento de costes.
Subida de tarifas
Con un incremento del 4% en tarifas (unos 50.000 millones de ingresos adicionales, aproximadamente), prácticamente todas las empresas eléctricas grandes se verán ante la necesidad de realizar nuevos diferimientos de costes en 1987 y, lo que contradice aún más la anterior política oficial, algunas no podrán salir de sus actuales desequilibrios, incluso con las medidas adicionales que en estos momentos se preparan, hasta por lo menos 1990. La limitación de dividendos, en este sentido, es ya un hecho asumido por algunas sociedades y el mercado bursátil, si bien se estudian medidas complementarias que en el caso de las empresas con situaciones menos favorables llevarán a una renegociación de deuda y probablemente a una aportación solidaria de capital por parte del conjunto del sector.
En medio de esta situación, algunos expertos que barajan las medidas adicionales de saneamiento que se estudian para determinadas empresas han puesto sobre el tapete la vieja idea de volver a un esquema que, imaginativamente, aporte soluciones regionales al problema derivado de la situación catalana. Así, directivos de Hidrola, sobre cuyo balance pesa como una losa la absorción hace dos años de Hidruña, han sugerido la eventualidad de una nueva desagregación de esta empresa de su cuenta de resultados consolidada, con la aportación solidaria, tras la inclusión de la empresa vecina Fecsa, de fondos para resolver el mapa catalán. Endesa y las empresas más saneadas, en este aspecto, desempeñarían un papel decisivo en este tipo de soluciones, según estas opiniones.
Por de pronto, fuentes del sector dan por descontado que, como ya sucedió con Fecsa, que suspendió el dividendo a cuenta tradicional como una medida cautelar que fue encomiada por las autoridades energéticas, Hidrola haga lo mismo.
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