El Gobierno británico oculta al Parlamento el proyecto de un satélite espía

La pasión de los británicos, cualesquiera sea su posición o su ropaje político, hacia el mundo del espionaje y del secreto ha quedado probada una vez más con la pintoresca serie de sucesos que han rodeado esta semana la revelación de que el Gobierno había ocultado a la Cámara de los Comunes la construcción de un nuevo satélite espía.Por una información publicada por el periodista Duncan Campbell en la revista New Statesman, cercana a la izquierda británica, los diputados se enteraron de los planes del Gobierno para lanzar el próximo año un satélite espía destinado a recoger mensajes procedentes de la Unión Soviética, Europa Oriental y Oriente Próximo, para ser descifrados en el centro de comunicaciones de Cheltenham.

Hasta aquí, todo normal. Lo que era menos normal es que el proyecto fuera deliberadamente enmascarado con el nombre de Operación Circon para ocultar a la Comisión del Gasto Público de la Cámara su exorbitante coste de 500 millones de libras (unos 100.000 millones de pesetas).

Como recordaba Campbell en su artículo, la ocultación del proyecto reviste una suma gravedad, dado el compromiso adquirido en 1982 por conservadores y laboristas de dar a dicha comisión información anticipada sobre cualquier proyecto de defensa importante, tras las trampas hechas por Gobiernos de ambos partidos para enmascarar partidas por valor de más de 200.000 millones de pesetas destinadas a la modernización de las cabezas nucleares de los proyectiles Polaris.

Además de escribir su artículo, Campbell fue el autor de un reportaje que la BBC iba a mostrar por su segunda cadena con el título de La sociedad secreta. La guillotina censorial empezó a funcionar, y el director general de la BBC, Alasdair Milne, prohibió la exhibición del reportaje escudándose en "la seguridad nacional".

Censura de prensa

Un grupo de diputados pidió ver el reportaje de la BBC en una de las salas de la Cámara de los Comunes. El pánico pareció apoderarse del Gobierno cuando el fiscal general, sir Michael Havers, trató de conseguir sin éxito una orden judicial para prohibirlo. Ante su fracaso, nada menos que el speaker (presidente) de la Cámara, Bernard Weatherill, decidió prohibir su pase en el vetusto recinto del palacio de Westminster, sede del viejo Parlamento británico.Al mismo tiempo, Havers requirió judicialmente a los directores de los periódicos nacionales para que se abstuvieran de publicar detalles sobre la Operación Circon.

En cualquier otro país, la oposición se hubiera frotado las manos ante el regalo que le había caído del cielo en un año en el que aparentemente se celebrarán elecciones generales. Aquí no. Tras una reunión, naturalmente confidencial, entre el secretario del Foreign Office, sir Geoffrey Howe, y los hombres claves del laborismo, el líder de la oposición, Neil Kinnock, aceptó la versión del Gobierno de que tanto el reportaje de la BBC como el artículo del New Statesman minaban la seguridad nacional y, por tanto, en su intervención el jueves, en el Tiempo de preguntas, atacó al Gobierno no por el fondo del asunto, sino por "no preocuparse lo suficiente de proteger la seguridad nacional británica".