El pacto de nunca acabar

LA RUPTURA de las negociaciones entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), Eusko Alkartasuna (EA) y Euskadiko Ezkerra (EE) con vistas a la posibilidad de formar un Gobierno de coalición en el País Vasco supone el fracaso de la fórmula que parecía con mayores oportunidades de prosperar. La convocatoria de elecciones anticipadas, Considerada por los partidos vascos como un supuesto a evitar a toda costa, es ahora una hipótesis que cobra verosimilitud. La duda persistente es la de qué de esas elecciones salga nada verdaderamente nuevo.Los comicios de noviembre indicaron que los ciudadanos vascos se inclinaban por una fórmula de Gobierno de coalición y por una política de consenso. El electorado se había desplazado hacia la izquierda y la división del PNV no había minado la hegemonía social del conjunto de corrientes nacionalistas. La fórmula de "Gobierno de progreso", sobre la base del acuerdo entre los socialistas, que habían obtenido el mayor número de escaños, y el nacionalismo renovador de Garaikoetxea, con Euskadiko Ezkerra como bisagra, hubiera combinado en teoría todos esos elementos.

El acuerdo aparecía viable por la sintonía de puntos de vista respecto a la institucionalización interna de la comunidad autónoma (problema decisivo en la crisis que había determinado el adelanto de las elecciones); también por el principio de concordancia existente respecto al problema de la violencia y por la ausencia de divergencias significativas en asuntos que habían sido muy polémicos, como el de la enseñanza, el papel de la policía autónoma o la política económica.

En el curso de las negociaciones, los acuerdos sobre esos y otros puntos llegaron a plasmarse en compromisos bastante acabados, según informaron las partes. El principal desacuerdo, puesto de relieve por Garaikoetxea desde hace semanas, se refería a la transferencia de determinadas competencias, y singularmente la de la Seguridad Social.

Llama la atención que las expectativas abiertas por un grado de acuerdo tan significativo sobre los problemas que más preocupan a los vascos -y a todos los españoles- pueda romperse por una cuestión como la mencionada. Sorprende, en primer lugar, que tras seis años de autogobierno, en los que las instituciones vascas, dominadas por el nacionalismo, han tenido ocasión de gestionar unas amplísimas competencias, prácticamente todas las previstas en el Estatuto, la preocupación principal, por no decir única, siga siendo la obtención de más competencias, y no la gestión de las ya transferidas. Hay que tener en cuenta que la capacidad de gasto entre Gobierno y diputaciones rondó el año pasado los 250.000 millones de pesetas.

Pero sorprende también la insistencia en la cuestión precisa de la Seguridad Social, como si de ella dependiera la viabilidad del autogobierno y aun la existencia misma de la nacionalidad vasca. El Estatuto remite a la comisión mixta de transferencias Gobierno central-Gobierno vasco el establecimiento de los convenios por los que "la comunidad autónoma asumirá la gestión de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según procedimientos, plazos y compromisos que para una ordenada gestión se contengan en tales convenios".

Prácticamente desde la entrada en vigor del Estatuto se viene discutiendo de la interpretación a dar a tal disposición, y concretamente sobre si de ella se deduce la posibilidad de quebrar el principio de caja única mediante el establecimiento de una tesorería propia del País Vasco. Sin perjuicio de entrar en otra ocasión en el fondo de esta cuestión, que divide desde hace años a los administrativistas, no parece razonable pretender resolver en unas semanas y entre esos tres partidos lo que no ha sido posible solventar en seis años de negociaciones entre los Gobiernos de Madrid y Vitoria.

En cualquier caso, los acercamientos producidos, sobre la base de fórmulas transitorias, deberían permitir también en el futuro una rectificación del partido socialista en su política sobre Euskadi. Es evidente que puntos que se consideraban inamovibles ya no lo son. Y se insiste en que uno de los factores que ha determinado la ruptura es la falta de garantías por parte de los socialistas vascos de que su propuesta de acercamiento fuera asumida por el Gobierno central. Quizá sea: entonces el momento de pedir una nueva recapacitación por parte de todos. Está en juego la gobernabilidad del País Vasco. Y una repetición de las elecciones supondría el gasto de cientos de millones de pesetas sin que exista garantía alguna de que sus resultados sean muy diferentes a los del 30 de noviembre.