Una transferencia de un cuarto de millón

La transferencia de la gestión y los servicios de la Seguridad Social es un viejo caballo de batalla de los partidos nacionalistas, y, en particular, de Carlos Garaikoetxea durante sus cinco años en la presidencia del Gobierno autónomo. Las aportaciones totales de la comunidad vasca a la Seguridad Social se elevan anualmente a más de un cuarto de billón de pesetas. Los gastos en Euskadi son inferiores en más de 40.000 millones a las aportaciones. En conjunto, los recursos que la Seguridad Social obtiene en el País Vasco superan en unos 100.000 millones el presupuesto que el Gobierno de Vitoria ha logrado gestionar después de siete años de vigencia del Estatuto de Gernika.La Seguridad Social representa en el País Vasco un presupuesto de gastos por todos los conceptos de 215.930 millones de pesetas, según un estudio del Gobierno autónomo, que maneja datos provisionales correspondientes a 1985. Los ingresos por cuotas y servicios prestados se elevaron a 207.397 millones. La cuenta de ingresos menos gastos da, por tanto, un balance deficitario de 8.533 millones. Sin embargo, la Hacienda vasca aportó en concepto de cupo 51.272 millones de pesetas, equivalentes al 6,24% de las transferencias que los presupuestos generales del Estado destinan a la financiación del deficit global de la Seguridad Social. La diferencia final entre aportaciones y gastos en el País Vasco ofrece un saldo favorable a la caja central de la Seguridad Social de 42.739 millones.

Casi 60.000 millones

Según el mismo estudio, las entidades gestoras, servicios comunes y mutuas patronales de la Seguridad Social obtienen en la comunidad vasca el 8,05% de sus ingresos por cuotas, pero sólo gastan allí el 6,14% de sus recursos.El bloque de asistencia sanitaria (Instituto Nacional de la Salud e Instituto de Servicios Sociales) gastó durante 1985 en el País Vasco 58.322 millones de pesetas, 12.918 millones menos de los que habría dispuesto de haber sido transferidos ambos institutos a la comunidad autónoma en régimen de concierto económico.

Todos los partidos nacionalistas están de acuerdo en el establecimiento de fondos de compensación o solidaridad con el resto de España, tanto si la transferencia de la Seguridad Social al País Vasco diera superávit, como sucedería ahora, como si produjera déficit. El procedimiento preferido sería el que guardara mayor paralelismo con la fórmula del cupo y del concierto económico. La comunidad autónoma, según esta filosofía, recaudaría las cuotas de empresarios y trabajadores, igual que recauda los impuestos directos e indirectos, y luego entregaría a la caja central la parte proporcional que le correspondiera del déficit de la Seguridad Social financiado por el Estado.

La principal ventaja de la autonomía financiera sería, para estos partidos, la de acercar la gestión a los ciudadanos, mejorarla y acabar con los défielt crónicos de infraestructura.

Según los cálculos del Gobierno de Vitoria, el Insalud y el Inserso gastan en la comunidad autónoma del País Vasco cada año, aproximadamente, 5.000 millones menos de lo que deberían invertir, en proporción a la población asistida, de acuerdo con la media española.

El artículo 18 del Estatuto de Gernika, establece que corresponde a la comunidad autónoma, además del desarrollo y la ejecución de la legislación básica del Estado, "la gestión del régimen económico de la Seguridad Social". La disposición adicional quinta señala que la comisión mixta de transferencias "establecerá los oportunos convenios, mediante Ios cuales la comunidad autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad".