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SAVE no ha podido probar que el Estado le autorizó a defraudar 760 millones

Juan Bautista Cremades, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, concluyó el martes la instrucción del sumario, del caso SAVE (Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos), por el que están procesados Vicente Iborra, ex presidente de la patronal regional, y 33 personas más, acusadas de defraudar al Estado 760 millones de pesetas. La masiva presentación de recursos, como táctica, y el hasta ahora fallido intento de probar que el fraude estaba autorizado verbalmente por la Administración y que, por tanto, hubo intencionalidad política para actuar contra SAVE, como estrategia, han marcado la actuación del equipo jurídico de la empresa en los 14 meses que ha durado la instrucción del sumario.El caso SAVE salió a la luz el 19 de noviembre de 1985, cuando inspectores del grupo de Estafas de Barcelona detuvieron en Valencia a Vicente Iborra, presidente de la sociedad. La policía barcelonesa había descubierto que SAVE falsificaba las actas de las recaudaciones que obtenía en los 11 aparcamientos de aeropuertos españoles de cuya concesión disfrutaba desde 1974. Así se conseguía una merma considerable de las liquidaciones mensuales al Estado.

Los implicados fueron procesados en febrero de 1986, acusados de delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, falsedad documental y malversación impropia de caudales públicos. Pese a su resistencia inicial, Iborra fue obligado a dimitir de su cargo como presidente de la Confederación Empresarial Valenciana; SAVE, una empresa pujante, con cuantiosos beneficios, hubo de depositar una fianza de 1.100 millones de pesetas y meses después, vio rescindidos cuatro de los 11 contratos suscritos con el organismo Aeropuertos Españoles.

El contraataque

Y el contraataque se puso en marcha. Primero vino el intento de que no fuera el juez Cremades, miembro de Jueces para la Democracia, el encargado de instruir el sumario. El gabinete jurídico de SAVE, dirigido por Emilio Attard, consideró que la atribución del caso a Cremades vulneraba las normas de reparto vigentes en Valencia, y que se había buscado de antemano que el asunto correspondiera a este magistrado. Pero tanto. este como otro recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional por esta cuestión fueron rechazados. Posteriormente, también fue desestimado por el juez y por la Audiencia otro recurso que pretendía la paralización de la vía penal en favor de la contencioso-administrativa.Según la versión de la defensa, Aeropuertos Españoles habría autorizado a SAVE de forma verbal a presentar liquidaciones falseadas, basadas en recaudaciones menores a las obtenidas, con el fin de que la concesionaria pudiera resarcirse de este perjuicio. La Administración no ha reconocido jamás la existencia de tal pacto, y demostrarlo seguirá siendo el gran caballo de batalla del caso SAVE.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 1987