Alianza Popular apoyará lo que el Gobierno decida sobre la ley antiterrorista

Alianza Popular (AP) apoyará al Gobierno en la decisión que tome en relación con el mantenimiento, la suspensión de la aplicación o la derogación de la ley antiterrorista, según manifestó ayer su presidente ejecutivo, Miguel Herrero. Por el contrario, portavoces del Centro Democrático y Social (CDS) y de Izquierda Unida QU) consideraron innecesario el mantenimiento de esta ley.

Herrero dijo: "El Grupo Popular dará su apoyo a cuantas acciones eficaces adopte el Gobierno, dentro de la Constitución y la Ley, para combatir política, policial y judicialmente al terrorismo. No le vamos a decir lo que tiene que hacer. Nosotros le ofrecemos apoyo y después le exigiremos responsabilidades en relación con la eficacia de las medidas que haya tomado".El vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados y dirigente del CDS, José Ramón Caso, manifestó ayer que, personalmente, considera innecesario el mantenimiento de la ley antiterrorista. "Nosotros", recordó el representante centrista, "ya dijimos en la Comisión de Interior y en el debate sobre la desaparición de Santiago Corella, El Nani, que la ley antiterrorista es mala y su incorrecta aplicación ha facilitado la comisión de abusos".

José Ramón Caso precisó que, en cualquier circunstancia, el CDS es partidario de una reforma de la ley, con objeto de reducir el plazo de diez días en que los detenidos pueden estar incomunicados e incrementar la intervención judicial. El diputado centrista expresó su confianza en que el Gobierno acepte la celebración de un debate parlamentario sobre política antiterrorista en cuanto se inicie el nuevo período de sesiones.

El presidente del Partido Demócrata Popular (PDP), Óscar Alzaga, consideró ayer evidente que "las actuales circunstancias, en las que se mantiene la actividad de bandas terroristas, requieren el que exista algún tipo de legislación específica antiterrorista, aunque eso no quiere decir que no se deba modificar la ley actualmente vigente".

Enrique Curiel, uno de los portavoces de IU, juzgó que la suspensión de la aplicación de la ley en algunos de sus aspectos puede conducir a "una situación de inseguridad jurídica y de confusión". "Nosotros pensamos", añadió, "que es preferible la derogación de la ley porque se ha revelado irrelevante desde el punto de vista policial y, en cambio, ha dado cobertura a malos tratos y torturas".

El ex presidente del Congreso de los diputados Gregorio Peces-Barba, del PSOE, expresó ayer en Radio Nacional su opinión de que "cuanto antes se derogue la ley o cuanto antes no se aplique, mejor". "Y desde luego", agregó, "creo que hay que afrontar el asunto de los diez días de detención, que es un tema donde, por lo menos, podemos tener dudas en cuanto a su valídez constitucional y legal". Añadió que, si la autorización para mantener incomunicados durante diez días a los detenidos por delitos de terrorismo fuese denunciada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, "donde hay ya una doctrina elaborada sobre la entrega del detenido en el más breve plazo posible a la autoridad judicial, eso se consideraría no acorde con el Convenio Europeo de Derechos Humanos".