Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
TRIBUNA

El esperado final del bumerán

Circulan, por primera vez, novedades agradables sobre la ley antiterrorista. Los periódicos -alguna noticia, tan off the record como seria, habrá llegado a sus redacciones- nos alegran el año nuevo anunciándonos que la famosa ley, seis de cuyos artículos ya han decaído, podría ser derogada en su totalidad.Y esto nos debe poner contentos a, los que creemos profundamente en el hombre. A los que estimamos que la ley del talión no puede inspirar nuestro derecho público. A los que estamos convencidos de que la tortura, ni siquiera como mera sospecha, puede convivir con la democracia. A los que, en definitiva, creemos que la convivencia democrática se defiende con procedimientos democráticos o, de lo contrario, simplemente perece.

Yo tengo fe en la inteligencia de los gobernantes y por ello se me ocurre que al cabo de dos años de vigencia, la ley antiterrorista ha probado a sus autores lo que no pudimos hacer los contradictores de la ley en los sucesivos debates parlamentarios: sus graves defectos o, si se quiere, excesos jurídicos; su difícil legitimación democrática y hasta constitucional; su ineficacia como instrumento jurídico penal y su efecto político bumerán, facilitando razones y pretextos a los mismos a quienes se quiere combatir.

Un juez lejano

Muchos estamos persuadidos de que de la derogación de la ley antiterrorista se van a derivar grandes ventajas para el Estado y para los individuos.Para éstos parece claro. Nadie estará expuesto a que la policía -sin ningún control a priori- pueda privarlos de libertad e incomunicarlos. Que un juez lejano pueda, telegráficamente y sin indagar demasiado en las razones, mediante un auto motivado pero impreso, prorrogar hasta 10 días detención e incomunicación. Que durante ese plazo nadie tenga derecho a saber dónde está el ciudadano y por qué se le ha detenido. Que no pueda designar el abogado que prefiera. Que se registre su casa sin mandamiento judicial y sin las garantías de la ley de enjuiciamiento criminal. Que se le pueda leer la correspondencia y se le intervengan las conversaciones telefónicas. En definitiva, será más difícil que los ciudadanos se constituyan en candidatos a desaparecer, como El Nani, o a aparecer esposados y ahogados en las aguas de cual quier río, como Zabalza. Enhorabuena, pues, a los ciudadanos, si la ley antiterrorista es derogada.

Pero también el Estado gana con esta derogación. Nos evitaremos más de un sonrojo en Bruselas y en Estrasburgo. Dejaremos de figurar en la vergonzosa relación de los países donde se tortura que publica anualmente una institución tan fuera de sospecha como Amnistía Internacional.

Derechos

La Asociación de Derechos Humanos dejará de apuntar todos los años con su dedo y por el mismo motivo a nuestro Gobierno, The Economist no volverá a publicar que en España se respetan esencialmente los derechos humanos básicos a excepción del derecho a la integridad fiÍsica y psíquica de los detenidos. Los departamentos de Derecho Penal de nuestras universidades no tendrán que volver a avergonzarse de esta peculiaridad de nuestro derecho represivo, sustancial y procesal. Los obispos podrán condenar el terrorismo sin tener que hacer, por elementales razones de equidad, alusión a un cierto terrorismo legislativo de Estado. Los policías demócratas y honrados -que los hay y en buen número- no tendrán que cargar con el sambenito de las indignidades que otros cometen al amparo y hasta impulsados por esta desacreditada ley. El Tribunal Constitucional se quitará el peso de encima que parecen suponerle los dos recursos de los Parlamentos vasco y catalán que desde hace casi dos años tiene pendientes y... hasta el señor Barrionuevo se ahorrará tener que soportarme en todas las reuniones de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados.Pero, además, la lucha contra la violencia armada no perderá eficacia. Lo venimos diciendo: leyes más duras no hacen eficaz a una policía que se debate ante problemas que no comprende. La cuestión es otra. Lo recordaba en estas mismas páginas, hace muy pocos días, Alain Touraine: "En muchos casos la violencia política tiene aspectos terroristas pero no puede ser enteramente identificada con el terrorismo... porque los actos de violencia están respaldados por una parte notable de la opinión pública. En este sentido no se puede reducir la violencia política vasca al terrorismo".

Eliminar la tortura

No apliquen y luego deroguen la ley antiterrorista y eliminen definitivamente la tortura y habrán derivado el 50% del discurso de quienes en Euskadi apoyan la violencia. Sustituyan con decisión las fuerzas de seguridad del Estado por la policía autonómica y pónganla bajo la potestad de jueces demócratas vascos y se han cargado otro 15%. Hagan que el lendakari sea realmente el representante del Estado en la comunidad autónoma, restaurando así la confianza entre ambos poderes del Estado, y que a través de la Junta de Seguridad dirija también el orden público. Otro 10%. Impulsen decididamente el autogobierno de Euskadi, aplicando el Estatuto y el artículo 150.2 de la Constitución a tope, sin temor ni restricciones. Ahí tienen otro 10%, por lo menos. Normalicen las relaciones de la comunidad autónoma vasca con Navarra. Apliquen con generosidad y sin dilaciones la reinserción de presos y exilíados y han dejado a los adversarios políticos que hacen posible la violencia en Euskadi sin argumentos.Señores del Gobierno, más claro agua.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 6 de enero de 1987