Mercado interior y cohesión económica

No puede decirse, salvo en el caso de la cooperación política y la elección por sufragio universal del Parlamento Europeo, que se hayan dado grandes pasos en la cimentación política de Europa. Pero tal no es el caso de su fundamento económico, y a la vista está, a pesar de sus limitaciones, la existencia del Mercado Común.Las cuatro libertades fundamentales, relativas a la circulación de bienes, personas, servicios y capitales, han ido asentándose poco a poco. Desde la firma del Tratado de Roma se fueron eliminando progresivamente los obstáculos al comercio que existían entre los Estados miembros. En algunos supuestos, incluso antes de los plazos previstos, como fue el caso de la adopción del arancel común. Y en este clima de euforia se llega hasta la sexta directiva sobre el IVA, adoptada en 1977. Después de esta fecha se produce un estancamiento evidente en el logro de las metas originarias. Se multiplican las barreras no tarifarias entre los países de la Comunidad y permanecen intactas las restricciones a la libre prestación de servicios y a la libertad de establecimiento, que deberían haberse suprimido durante el período transitorio.

Éste es el contexto del debate que arranca del Consejo de Europa de Copenhague en 1982, y en el que los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros se hacen eco de la necesidad de relanzar un mercado único. En junio de 1985, la Comisión Europea da a luz su Libro Blanco sobre la culminación del mercado interior, en cumplimiento del mandato recibido en el Consejo de Europa de Bruselas de marzo de 1984. Las cumbres de Milán y Luxemburgo ultimarán el proceso tras un arduo trabajo intermedio para alcanzar el texto de lo que se conoce como Acta única Europea.

Sin perjuicio de poner de relieve las múltiples limitaciones que el texto aprobado tiene para el logro de una intensificación del carácter político de la integración europea, no podemos menos que señalar que constituye, hoy por hoy, un mínimo necesario. De su puesta en práctica y de la consecución de sus objetivos depende en buena parte que pueda continuarse adelante el camino hacia la unión europea o que ésta sufra un parón irreversible.

La idea central del acta reside en el logro efectivo de las cuatro libertades básicas para lograr un mercado interior único en la Comunidad que englobe a más de 320 millones de personas. Es un objetivo ambicioso, para el que se señala el horizonte temporal de 1992, y que, sobre la base del Libro Blanco, necesita la adopción de 300 propuestas de directiva o reglamento en materias di versas, que van desde la armonización y homologación de productos industriales y agroalimentarios hasta la armonización de la fiscalidad indirecta, pasando por la liberalización efectiva del sector servicios o el reconocimiento automático de títulos, entre otros aspectos.

Elevado el concepto de mercado interior a la categoría de norma constitucional en el proceso de integración y definido, con salvedades importantes, el paso de la unanimidad a la mayoría en la adopción de decisiones relativas a la puesta en práctica del mismo, es evidente que nos encontramos ante un reto importante para el futuro de la CE.

Conscientes los autores del acta de que esa renovación de obstáculos intracomunitarios podría incrementar los desequilibrios económicos regionales y sectoriales entre las diversas zonas geográficas y áreas de actividad económica ya de por sí agudas e intensificadas por la crisis del último decenio, incluye un apartado relativo a la armonización del. desarrollo de la Comunidad. Bajo las rúbricas de cohesión económica y social (artículo 23), se inserta un nuevo título en el tratado de la Comunidad Europea con varios preceptos relativos a los fondos estructurales y a la coordinación de las políticas económicas, con lo que se propone reducir las diferencias entre las diversas regiones de la Comunidad y el retraso de las menos favorecidas. Es el complemento conceptual necesario a la puesta en práctica del mercado interno.

Pero este argumento, cargado de toda lógica, se corresponde sólo parcialmente con algunos hechos y actividades recientes. Parece como si se quisiera poner todo el acento en la realización antes de 1992 del mercado interior y se entendiera la cohesión como una compensación limitada en el contexto de los problemas presupuestarios que atraviesa la Comunidad.

El mercado interior

Nada más lejos, desde nuestra óptica, de lo que debe hacerse al respecto. Porque la cohesión económica y social, entendida como una actuación más intensa de los fondos con finalidad estructural (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, sección orientación; Fondo Social Europeo, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras), no puede concluirse como una simple ayuda desde el lado del concesionario o del receptor. Es un plus por un esfuerzo de coordinación, de puesta en común de las políticas económicas y de los parámetros clásicos de las economías de los Estados miembros. Si la realización del mercado interior supone sacrificios adicionales a un país miembro, corresponde a la prudencia y lógica comunitarias el adoptar las medidas pertinentes que eviten la profundización de las diferencias existentes.

El esfuerzo español

Con ello ni se rompe la lógica de la economía de mercado ni se adoptan unas posturas pasivas que nieguen el reto que plantea la integración europea para todos sus autores. Por el contrario, se abona el crecimiento de un mayor equilibrio interno, que no puede sino incrementar la fuerza política y económica de Europa.

Este debate es de vital importancia para España. La superposición de buena parte de los períodos transitorios contenidos en el acta de adhesión con el calendario de aplicación de las medidas integradoras y liberalizadoras supone un factor añadido de esfuerzo para nuestra economía. Por ello, es lógico que desde el prisma de nuestros intereses nacionales, que pensamos coincidentes con la buena salud necesaria para el crecimiento comunitario, se relance también un mayor esfuerzo de atención respecto de nuestro país.

Es oportuno evitar actitudes proteccionistas que conduzcan al ostracismo o aquellas que conciban los fondos comunitarios como un mero maná bíblico. Pero ni unas ni otras han estado presentes, ni en las negociaciones de adhesión ni a partir del 1 de enero, en la actitud de nuestra Administración.

Parece justo que los esfuerzos de ajuste de nuestra economía, en aplicación de nuestras propias necesidades y también de las de cohesión con las restantes políticas económicas de los socios comunitarios, tengan su contrapunto en medios financieros suficiente para hacer frente a los problemas que puedan surgir derivados de la realización del mercado interior.

A tal respecto, sería oportuno empezar a aplicar algunas nociones como la de programación en la cohesión económica y social paralela a la que se pretende -de forma, por el momento, única y exclusiva- para el mercado interior. Deberá también abordar la revisión de algunos de los parámetros de funcionamiento de los fondos estructurales. Y finalmente, y no por ser de menor importancia, deberá establecerse el soporte presupuestario para las acciones que hay que realizar. Es este último caso un punto que, por su complejidad e implicaciones de futuro, requiere, sin duda, una reflexión más profunda acerca de los niveles de obtención de recursos y la atribución de los mismos a los diversos gastos comunitarios.

El debate nos coincide a los españoles con los primeros meses de integración. Aunque sólo sea por ello, parece oportuno pensar de forma conjunta en el futuro de nuestra presencia en la Comunidad Europea, tanto desde el tratado de adhesión como de la misma vida comunitaria, que no detiene su marcha adelante.