El atolladero

FRANCIA HA vivido un mes de diciembre agitado. Poco después de las manifestaciones y huelgas de estudiantes y alumnos de bachillerato, que obligaron al Gobierno a retirar una ley de reforma, una huelga de graves consecuencias -sobre todo en un período festivo- se viene desarrollando en los ferrocarriles desde el 18 del pasado mes de diciembre. El primer error grave del Gobierno fue intentar distanciarse del conflicto, sin duda por temor a sufrir una nuevo desgaste. Pero la empresa nacionalizada y los huelguistas presentaron, para negociar, condiciones previas radicalmente incompatibles. Y para salir del atolladero, el Gobierno se ha visto obligado a hacer hasta ahora dos concesiones: nombrar un árbitro, François Lavades, y "suspender" la nueva "parrilla salarial", el punto de las posiciones gubernamentales que ha provocado mayores protestas.Pero el clima de agitación social no se limita a los ferrocarriles: afecta a la marina mercante y al transporte urbano de París. Por otra parte, si ha cesado la larga huelga en la agencia de noticias France Presse, el conflicto sigue latente. La tela de fondo de osta imagen que presenta Francia al iniciarse el año es un grave deterioro del Gobierno, con divisiones patentes en su seno; no se puede olvidar que Chirac encabeza un Gobierno de coalición y sus diversos componentes no pierden nunca de vista las futuras elecciones presidenciales de 1988. Hasta ahora, el Gobierno de Chirac ha tenido sus mayores éxitos en el terreno económico. Es difícil negar que Francia, sobre todo ante la competencia alemana, necesita moderar sus costes salariales e impedir brotes inflacionistas; tal fue la orientación de los últimos Gobiernos socialistas. Pero ese argumento, utilizado frente a las reivindicaciones salariales de los ferroviarios, pierde validez si se recuerda que el Gobierno de Chirac ha otorgado una serie de ventajas -supresión del impuesto sobre las grandes fortunas, anonimato en las transacciones sobre el oro, amnistía para los exportadores de capital, etcétera- a las capas más privilegiadas de la población. La contención salarial se acepta con menos traumas en el marco de una política socialdemócrata, simultaneada con progresos en otros campos, que realizada por un Gobierno derechista, empujado por sus padrinos a extremar las desigualdades sociales.

Las reivindicaciones de los ferroviarios no se limitan a la cuantía de sus remuneraciones; se refieren a las condiciones de trabajo, y sobre todo al propósito del Gobierno de introducir el criterio del mérito en la parrilla salarial. Los ferroviarios consideran que introducir ese criterio facilita toda clase de favoritismos, y la misma opinión predomina en otras ramas del sector estatal. Defienden el ascenso por antigüedad, aunque sea poco estimulante, porque ven en ello una barrera ante la arbitrariedad y una garantía de objetividad. El fondo de la cuestión es que el doctrinarismo del Gobierno de Chirac lo ha llevado a ignorar, tanto en el caso de los estudiantes como en la presente huelga, que no se pueden cambiar por decreto normas y costumbres muy arraigadas en la sociedad francesa y que encarnan en cierto modo un principio de igualdad de oportunidades conquistado en décadas.

El presidente Mitterrand, lo mismo que hizo en el caso de los estudiantes, ha logrado manifestar su distanciamiento de la actitud del Gobierno de Chirac. La popularidad personal de éste ha descendido vertiginosamente en las últimas semanas. La cohabitación reviste nuevos perfiles y todo ello anuncia cambios en la política francesa, a lo largó del año y con vistas a 1988, cuyo alcance es aún imprevisible. Pero las incertidumbres del momento no se deben sólo a lo que ocurre en las esferas del poder. A todos ha sorprendido la espontaneidad del surgimiento de la huelga ferroviaria. Los sindicatos se incorporaron a ella después, y ahora, si negocian, tienen que consultar "a la base". En las coordinadoras de huelguistas elegidas en los lugares de trabajo domina una orientación muy radical. Aparece así, como ya ocurrió en las luchas estudiantiles, una tendencia a desconfiar de las organizaciones existentes; a prescindir, incluso para defender reivindicaciones en gran parte corporativas y económicas, de las estructuras consagradas y a crear formas originales de representación más próximas al sentir de los trabajadores de a pie.