Derechos Humanos habla de "connivencia" del ministro con las irregularidades policiales

Un total de 25 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado fueron condenados por torturas o malos tratos en 1986, según el informe de la Asociación Pro derechos Humanos (APDH), hecho público ayer . El informe cita la existencia de más de 150 procedimientos judiciales por igual motivo. La APDH critica las prácticas policiales irregulares; censura, sin mencionarle, al ministro del Interior, José Barrionuevo, por no depurar estas actuaciones -entre otros casos, en relación con la desaparición de Santiago Corella, el Nani-, y le acusa de "connivencia" con ellas o, cuando menos, de ineptitud.

La APDH concluye su informe -presentado ayer a los periodistas por su presidente, el fiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, y su secretaria general, la abogada Francisca Cobos- con un total de 28 recomendaciones a los poderes públicos. Entre ellas destacan las que se refieren a la erradicación de las torturas y malos tratos, mediante la supresión de la detención incomunicada en dependencias policiales, con el reconocimiento médico inmediato a la detención y derogación de la ley antiterrorista entre otras medidas.Pide también que se reforme la ley de Objeción de Conciencia para que ampare la objeción sobrevenida en el servicio militar. Igualmente solicita que se arbitre todo tipo de medidas para evitar los numerosos accidentes militares y se controlen los tratos vejatorios a los ciudadanos que prestan el servicio militar.

Por lo que se refiere a las condenas por torturas, malos tratos o lesiones a detenidos, del total de 125 funcionarios condenados en 1986, 13 son guardias civiles. Los hechos que declaran probados las respectivas sentencias se produjeron en Aguadulce (Almería), Arrecife de Lanzarote y Santa María de Guía (ambos de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria), Pamplona, Manacor (Palma de Mallorca), Elda (Alicante), Bilbao, San Sebastián y Madrid.

En cuanto a las causas pendientes por igual motivo, la APDH afirma que "existen más de 150 procedimientos judiciales en tramitación".

Por lo que se refiere al año actual, excluyendo Madrid y Barcelona, se han iniciado hasta 100 diligencias por presuntas torturas y malos tratos, de las que permanecen en tramitación al menos 60, según la APDH.

El informe resalta asimismo las varias sentencias absolutorias producidas en causas por torturas, pero, según recordaron sus dirigentes, ello no quiere decir que no se hayan producido los delitos, sino sólo que la dificultad de comprobarlos o la falta de colaboración de los mandos policiales impiden obtener las pruebas necesarias para condenar a sus autores.

Entre esta falta de colaboración gubernativa, el informe destaca, en relación con la desaparición de Santiago Corella, el Nani, "el abismo existente entre las investigaciones de carácter interno, de obligada práctica para la depuración de toda responsabilidad, y las que se practican al amparo de la autoridad judicial".

En una clara alusión a Barrionuevo, la APDH manifiesta que, "cuando se está al frente de una institución, con responsabilidades políticas y jurídicas, la actitud dialéctica y más aún práctica a la hora de afrontar la depuración de cuantas situaciones supongan vulneración de los derechos fundamentales no puede ser en ningún caso ni condescendiente, ni tolerante, ni con tendencia a la autoexcusa, porque ello lleva aparejado connivencia, siquiera sea indirecta, y entendernos que, si sancionables son las acciones, las omisiones irresponsables generan la impresión cuando menos de ineptitud".