El alto precio de una gran ciudad

La presencia en Madrid de numerosos organismos gubernativos, autonómicos y financieros, empresas del sector público y centros religiosos y benéficos, con todas las exenciones y bonificaciones fiscales de las que disfrutan, fijadas por la ley, hace que el Ayuntamiento deje de percibir 8.675 millones de pesetas al año, según un informe realizado por la corporación madrileña. Si este coste, aunque en menor medida, es compartido por otras muchas ciudades, Madrid además tiene un gasto adicional de 1.914 millones de pesetas por el hecho de ser capital del Estado español. Y eso que el estudio municipal no ha tenido en cuenta los gastos del personal que se dedica a la seguridad y representación.

El estudio realizado por la secretaría técnica de Hacienda y Economía del Ayuntamiento indica que de los 10.589.999.710 pesetas que deja de percibir el municipio, la mitad (5.013 millones) corresponde al impuesto de contribución territorial y urbana. En este momento, según el estudio, están exentos de este impuesto la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las congregaciones religiosas, los templos y capillas, la residencia de obispos, canónigos y sacerdotes, las oficinas parroquiales, los seminarios y los edificios destinados a casas o conventos.Junto a la Iglesia, gozan de los mismos beneficios el suelo y las construcciones de los Gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática o consular, los bienes de la Cruz Roja que no produzcan renta, el Banco de España, las entidades oficiales de crédito, RTVE y las empresas del sector público, además de hospitales, centros penitenciarios, cementerios, terrenos ocupados por líneas de ferrocarril, estaciones y monumentos declarados histórico-artísticos Para que no se diga que la ley beneficia sólo a los grandes, también están exentos aquellos cuyos bienes tengan una base imponible que no exceda de 200 pesetas.

El total de exenciones por contribución territorial urbana se eleva así a 2.831 millones de pesetas, de los que corresponde rían al Estado 1.227 millones; a las empresas del sector público y organismos autónomos, 735 millones; a la Comunidad de Madrid, 126 millones; a las embajadas, 46 millones; a los particulares, 28 millones, y a las instituciones religiosas, benéficas y sanitarias, 667 millones. Junto a estas exenciones, el Ayuntamiento deja de ingresar otros 2.182 millones de pesetas en concepto de bonificaciones a reducciones temporales sobre este impuesto.

Según el estudio municipal, si el Ministerio de Transportes tuviera que pagar la contribución territorial urbana, tendría que abonar 219 millones por el aeropuerto de Barajas y 171 millones por las estaciones ferroviarias. Los técnicos han hecho los cálculos tras estimar que Barajas tiene un valor catastral de 28.914 millones, y la estación de Chamartín alcanza los 12.068 millones, 4.041 millones más que el valor dado al Palacio Real.

Plusvalía y radicación

Entre las empresas que también tendrían que pagar este impuesto de no haber una legislación por medio estarían la Compañía Telefónica (40 millones), Iberia (52 millones), Renfe (38 millones) y la Compañía Metropolitano (22 millones).Otros dos impuestos en los que hay exenciones y bonificaciones son los de plusvalía y radicación. Por el primero se podrían recaudar 2.390 millones, y por el segundo, 116 millones. Hay que tener en cuenta que sólo en bonificaciones del impuesto de plusvalía se deja de ingresar 902 millones, el 85% de ellas concedidas a propietarios de viviendas de protección oficial.

Los técnicos municipales no pudieron valorar el parque de vehículos de la Guardia Civil, Policía Armada y Ministerio de Defensa a la hora de estudiar lo que no se ingresa por impuesto de circulación. Sin embargo, sí se contabilizaron, entre otros, los 5.099 vehículos del Parque Móvil de Ministerios (la cuota total superaría los 33 millones) y los 900 vehículos de embajadas, por los que se tendría que cobrar 11.500.000 pesetas. El capítulo de impuestos se completa con los 671 millones no ingresados por licencias fiscales.

Quioscos y buzones

En cuanto a las tasas no cobradas, destacan las de aprovechamiento de la vía pública, entrada de carruajes, reserva de aparcamiento y uso de suelo, subsuelo y vuelo. En total, no se cobran 2.289 millones de pesetas, de los que la mayor parte correspondería a la tasa por uso de suelo, subsuelo y vuelo. Los cálculos municipales indican que la Telefónica debería pagar por este capítulo 1.668 millones; Renfe, 151 millones, y el Canal de Isabel 11, 137 millones.La ONCE tendría que pagar, por su parte, más de 14 millones anuales por 463 quioscos, y Correos, algo más de 13 millones por los 2.047 buzones repartidos por las calles, de los que 1.011 son de servicio público y otros 3.250 son de servicio interno.

En un intento de llegar al céntimo, se ha llegado a calcular que el Estado tendría que pagar más de 14 millones por los 556 pasos de carruajes con que cuentan los edificios oficiales, en tanto organismos autónomos, Comunidad Autónoma, embajadas e instituciones benéficas habrían de pagar 3.685.000 pesetas por los 128 pasos que utilizan.

A ello habría que añadir más de 58 millones por reserva de plazas de aparcamiento en la calle. El Estado, en la actualidad, tiene reservados en torno a 81 de sus edificios un total de 1.576 metros en línea y 262 metros en batería, y los organismos autónomos cuentan con 215 metros en línea y 20 metros en batería.