Un auto judicial permite continuar las obras junto a la iglesia de San Bernabé

La polémica por la construcción de 16 viviendas en el entorno de la iglesia de San Bernabé, en El Escorial, declarada monumento histórico-artístico en el año 1983 (véase EL PAÍS de 10 de noviembre), continúa tras haberse levantado, por orden judicial, el precinto de la paralización de obras, realizada por la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad autónoma de Madrid.El juez de instrucción de San Lorenzo de El Escorial, José Galán Gutiérrez, dictó un auto el día 2 en el que, según El Faro de Guadarrama, permite la continuación de las obras colindantes con el templo, construido en el siglo XVI por Francisco de Mora, discípulo de Juan de Herrera.

Pese al auto judicial, la obra se encuentra en estado muy avanzado, ya que Luan, SA, empresa constructora de las viviendas, siempre ha roto los precintos impuestos por la Comunidad de Madrid, haciendo caso omiso de los mismos.

El juez José Galán ordenó, según El Faro, a la Dirección General de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, que " se abstenga de modificar por vía de hechos la situación jurídica creada por la sentencia de 4 de abril de 1986 de la Audiencia Nacional, respecto al alzamiento de la paralización de las obras de construcción Luan, por ser esta paralización contraria a los términos de dicha sentencia".

Expediente

Fuentes de la secretaría del juzgado de instrucción, cuyo titular es José Galán, declinaron hacer cualquier tipo de declaración sobre este asunto.La Comunidad de Madrid tiene abierto un expediente de expropiación y otro de delimitación del entorno. Para la protección del entorno, la Administración autónoma cuenta con un expediente de la Real Academia de San Fernando, realizado por Fernando Chueca Goitia y Luis Cervera Era, académicos expertos en conservación, en el que se deplora la construcción del edificio, que tapa la visibilidad del templo en uno de sus costados. El edificio, según Chueca, "se debe demoler compensando a la propiedad".

La sentencia está recurrida por la Comunidad de Madrid. La directora general de Cultura, Araceli Pereda, negó ayer que hubiera conversaciones económicas con los afectados de cara a la expropiación.

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