Y la nave va

LA DECISIÓN del fiscal general del Estado de no recurrir el auto de exculpación de Jordi Pujol dictaminado por la Audiencia de Barcelona es de nuevo un hecho más que discutible en todo este proceloso asunto, y algo muy dificil de aislar del entorno político en que se produce. Pues han sido razones políticas, según parece, las que han inclinado la balanza a favor de dejar las cosas como estaban.El fiscal general, por lo que se sabe públicamente, se ampara en las opiniones mayoritarias de la Junta de Fiscales en el sentido de que el recurso, aparte de ser inoperante en la práctica, daría ocasión al tribunal de defender con más fuerza sus posiciones e, incluso, subsanar algunos de los defectos jurídicos de su resolución, en la que decidió no procesar al presidente de la Generalitat. Esto último, con vistas a la necesidad de proseguir la investigación respecto del resto de inculpados y eventualmente del propio Pujol por hechos nuevos que pudieran descubrirse, ya que la causa no ha sido formalmente sobreseída. Todo suena más bien a un pretexto. El ministerio fiscal debe utilizar todos los medios legales a su alcance en defensa de la legalidad. Y es incomprensible -aunque sea ahora diferente persona la que ocupa el cargo- que la Fiscalía General del Estado dé un paso tan trascendente como la querella contra Pujol y luego decida retirarse por el foro sin agotar los trámites jurídicos que la ley pone en su mano.

El fiscal del Estado ha perdido en su querella, y el recurso es la práctica habitual de cualquiera de las partes que se considere perdedora en un procedimiento judicial. La no presentación del recurso es más preocupante aún cuando en el sumario se ha producido una larga y concienzuda investigación que ha llevado a ocho magistrados a considerar la existencia de indicios racionales de criminalidad.

Las razones extrajurídicas que pueden haber pesado en la decisión de la Junta de Fiscales concuerdan perfectamente con el pensamiento actual del Gobierno, más preocupado, al parecer, por evitar por todos los medios un grave problema en las relaciones con Cataluña que porque resplandezca la justicia. El relevo en la fiscalía general tras la dimisión de Luis Antonio Burón por discrepancias con el Gobierno en el caso Banca Catalana y el nombramiento del ex ministro Moscoso para el cargo permiten pensar que ésta ha sido también una manera de influir en el proceso. Pese a las acusaciones de Pujol, al administrar la victoria, de que el Gobierno tuvo una participación decisiva en la interposición de la querella, muchos pueden dudar de que hubiera motivaciones políticas en el inicio de esta causa; sin embargo, lo que parece meridiano es que las ha habido en la decisión de no recurrir. Eso no quiere decir que Pujol se beneficie de ello. Antes bien, la situación le perjudica en el sentido de que, entre unas y otras cosas, el caso Catalana no ha sido cerrado y aún dará que hablar en el próximo futuro.

Una vez decidido no presentar recurso de súplica ante el pleno de la Audiencia, la única vía que le quedaría al ministerio fiscal si quisiera retomar la causa sería que un juzgado de instrucción dictara algún procesamiento de los restantes implicados y devolviera el asunto al pleno si apareciran en la investigación nuevos datos sobre Pujol. La discusión teórica, y no dilucidada, sobre si el Tribunal Supremo sería competente o no para entender de un recurso de casación o de queja al respecto ha sido saldada por la decisión de la fiscalía: porque el paso previo a cualquiera de esos recursos hubiera sido el de súplica ante el tribunal juzgador, que es el que se ha optado no presentar.

Pero, con su toma de postura, la Fiscalía del Estado no sólo abandona su querella contra Jordi Pujol, sino que de manera indirecta asiente a los términos en que se ha establecido la exculpación de éste. Esos términos incluyen las pintorescas opiniones de los magistrados de Barcelona sobre la operatividad y eficacia de la doble contabilidad en las empresas. No nos cabe ya la menor duda de que no sólo se trata de la Audiencia de Barcelona: la fiscalía en pleno parece estar de acuerdo con semejante pronunciamiento, cuyo enunciado ha decidido no recurrir. Entre tanto enredo jurídico y político, el caso Catalana prosigue mientras tanto su curso indeterminado. Antes o después chocará, inevitablemente, contra el uso de la razón.