Los fiscales del 'caso Banca Catalana' protestan por la renuncia a recurrir la exculpación de Pujol
Los fiscales encargados del caso Banca Catalana, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, entregaron ayer a mediodía al fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Barcelona, Alejandro Sanvicente, un escrito de un folio y medio de extensión en el que manifiestan su protesta por la orden de no recurrir el auto de exculpación del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El resto de la causa pasará la próxima semana a un juzgado de instrucción.
Los dos fiscales recibieron a las 10.40 horas de ayer la notificación del acuerdo de no recurrir. Dos horas más tarde, presentaron el escrito de protesta, en el que disienten oficialmente de laorden que se les había dado, y reclaman poder presentar el recurso de súplica. El fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona deberá trasladar el escrito al fiscal general del Estado, Javier Moscoso, quien, a su vez, deberá resolverlo tras consultar previamente con la Junta de Fiscales de Sala.Los fiscales redactaron el escrito de acuerdo con el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal en el que se recoge el derecho a disentir de las órdenes de los superiores cuando consideren que éstas son "contrarias a la ley" o "improcedentes".
Mena y Jiménez Villarejo se negaron ayer a comentar el contenido del documento. Subrayaron que el fiscal general no tiene plazo para contestar a su protesta y reconocieron que difícilmente este escrito incidirá en la marcha del procedimiento, ya que el término para tramitar el recurso de súplica finalizó anoche.
Los dos fiscales disintieron por última vez de una orden de sus superiores en 1971 En aquella ocasión se le había ordenado a Mena perseguir a los responsables de una hoja parroquial de Granollers que reproducía una alocución del arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany, en la que se vertían críticas al régimen franquista. Jiménez Villarejo disintió de una orden que le conminaba a pedir la anulación del procesamiento de un policía, acusa do de detener a un trabajador, en contra de la orden de un juez.
La próxima semana el resto de la causa pasará por sorteo a un juzgado de instrucción. El sorteo, según fuentes jurídicas, será supervisado por los propios jueces de instrucción y por el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Doñate, para evitar cualquier tipo de manipulación o suspicacia en la adjudicación de la causa que afecta a los otros 16 querellados.
