Un grupo vasco pide a la CE que investigue "arbitrariedades en la reordenación petrolera"

Un grupo de gasolineros vascos ha presentado ante la Comisión Europea un informe en el que se pone en tela de juicio la legalidad, desde el punto de vista comunitario, de la reordenación jurídica del sector petrolero español y su adaptación a la normativa comunitaria de libre competencia. La protesta acusa de arbitrariedad al sistema de la Administración española para la concesión de cupos de importación de productos petrolíferos e invoca en último extremo un posible conflicto de competencias entre el Gobierno autónomo vasco y el central sobre la regulación al por menor del mercado interior vasco.

La presentación del informe, atribuido a un grupo de gasolineros guipuzcoanos a los que la Administración española ha negado supuestamente un cupo de importación de productos, ha coincidido con las consultas que la Asociación de Concesionarios de Almacenamiento y Transporte de Gasóleos -uno de los distribuidores concesionarios de productos Campsa- está realizando con un gabinete de abogados madrileños para que "analice su futuro empresarial a la luz de la legislación comunitaria".Fuentes solventes aseguran que entre las dos acciones no existe ningún tipo de relación, pese a los rumores contradictorios que han circulado al respecto. La carta-informe enviada por los gasolineros vascos a la Comisión Europea ha recibido, hasta la fecha, un tratamiento muy particular, ya que la Dirección General de la Competencia de la CE (la famosa DG-4), pese a reconocer su existencia, se ha negado a atribuirle un carácter formal. El informe, en cualquier caso, no ha sido analizado aún por los expertos comunitarios.

El tratamiento que los responsables de la competencia de la Comisión han dado a esta carta, por el momento, se asemeja mucho al que dieron, unavez materializada la adhesión española, a la misiva que envió, a su vez, un alto responsable del Ministerio de Comercio de Holanda, carta que algunas fuentes atribuyen, confusamente, a la compañía Shell. Esta misiva planteaba a la Comisión Europea, sin materializarse en una queja formal, la posible inconveniencia (a la luz comunitaria) del decreto ley que el Gobierno español publicó a finales de diciembre de 1985 y que redefinía el ámbito legal en que se materializará la desmonopolización de Campsa.

Adaptación de monopolios

Según el tratado de adhesión, España dispone de siete años para culminar la adaptación de sus monopolios a la legislación comunitaria de la importación, venta al por mayor y al por menor de los derivados del petróleo. Antes de la adhesión, el Gobierno español comenzó a desmantelar el monopolio del petróleo creado en 1927, pero dejó para futura regulación ciertos aspectos relacionados con la venta al detalle. Después de numerosas consultas, la Comisión Europea, por medio de uno de sus comisarios, Peter Southerland, ha urgido al Gobierno español a acelerar este proceso.

Este lunes está prevista la llegada a Madrid del comisario Peter Southerland, al que el ministro de Industria y Energía, Luis Carlos Croissier, ha ofrecido abrir negociaciones para redactar un "acuerdo de carácter general" que clarifique el futuro de un sector que mueve más de dos billones de pesetas al año. Estas negociaciones han creado una fuerte inquietud en los afectados.

La protesta de los empresarios vascos, que no ha querido ser confirmada por los interesados (siempre se recurre a terceros, como despachos de abogados, para plantearlas), se ha presentado en medios oficiales españoles como una de estas acciones, pese a la amenaza de conflicto institucional que lleva implícita. Al parecer, la queja informal presentada en Bruselas plantea el interrogante de un grupo de gasolineros que quiere importar y luego vender productos petrolíferos al margen de Campsa, pero a través de las concesiones de gasolineras de la propia Campsa.

El amparo jurídico de esta reclamación se encuentra en el estatuto de autonomía de Euskadi, que supuestamente garantiza al Gobierno de Vitoria la competencia de regular en su territorio el comercio interior. Bajo esta perspectiva, Vitoria podría dictar en el País Vasco disposiciones legales al margen de normas de carácter general, como son el decreto ley del pasado diciembre y los reglamentos que lo desarrollan.