El desorden sindical

LAS ELECCIONES sindicales se están desarrollando en medio de un vergonzoso cúmulo de acusaciones, supuestos fraudes, presuntas falsificaciones de actas, amenazas y coacciones recíprocas que en nada favorecen a la credibilidad de los propios sindicatos ni del mismo sistema electoral. Asusta pensar que los tkabajadores de este país están representados mayoritariamente por dos organizaciones que son capaces de convertir unas elecciones en su propia guerra particular y dar este triste espectáculo.Los sindicatos se han quejado -y no les falta razon- de haber sido ignorados por una'sociedad a cuya consolidación democrática contribuyeron más que nadie. Pero la picaresca y el engaño no son los mejores avales para obtener el reconocimiento que demandan. Ya antes de que se iniciara el proceso electoral, CC OO anunció que habría pucherazo. La frivolidad con que se utilizó el vocabldcuando ni siquiera tenía por qué haber indicios de irregularidad hacía prever que la batalla iba a ser destemplada y que en ella se permitirían todas las armas. A este propósito cabe preguntarse si muchas de esas cosas que ahora están ocurriendo no se hubieran evitado con la simple publicación oficial de los resultados. Pero el Ministerio de Trabajo decidió que sólo él tenía derecho a conocer los datos.

El intento del Ministerio de Trabajo de restar importancia a los hechos, negando oficialmente la existencia de fraude y disfrazándolo bajo el vocablo de irregularidades, podría parecer ingenuo si no se doblara con la hipocresía. Porque puede tenerse por algo más que una irregularidad el caso de que un trabajador niegue por escrito que se haya presentado siquiera a unas elecciones que le hacen aparecer como dele gado electó. Y se aproxima demasiado al delito la irregularidad de que aparezcan actas de comicios no celebrados en empresas que no existen.

No parece lógico que se remita la solución de este conflicto a las magistraturas de trabajo, excesivamente sobrecargadas por otras tareas. Los responsables de estas magistraturas ya han comunicado al Ministerio de Trabajo el bloqueo que las miles de denuncias sobre fraude electoral han provocado en expedientes cuya resolución es para muchos trabajadores -que se juegan en demasiados casos algo tan vital como su pensión o su despido- más importante que la determinación de si un acta es o no válida.

Será muy dificil explicar a la sociedad cómo es posible que el sentido de responsabilidad de los sindicatos no llegue siquiera a ponerles de acuerdo en unas mínimas fórmulas que eviten las irregularidades y sobre todo impidan el sonrojo de aparecer ante la opinión con la imagen del fraude.

La necesidad de ganar, impuesta por una legislación que exige a las organizaciones obreras requisitos que no pide a otras instituciones para obtener contrapartidas económicas y políticas, arrastra a los sindicatos a una espiral en la que todo parece válido, incluido el descrédito del mismo proceso electoral. Pero de está manera importará poco quién obtenga el triunfo. La confusión y la desconfi:anza pueden alcanzar tal grado que pocos creerán en los resultados -objetivo que hay que preguntarse si no está en la estrategia de alguna de las organizaciones, dispuesta a movilizar la calle con ese pretexto-, y sólo permanecerá al fin en el recuerdo el deterioro de unos sindicatos incapaces para moverse adecuadamente en un sistema democrático que ayudaron a crear.