La defensa de los querellados basa su estrategia colectiva en exculpar a Pujol

Quince abogados forman el equipo defensor de los 17 ex directivos de Banca Catalana afectados por la querella sobre las actividades de la entidad. Coordina el grupo Josep Joan Pintó, actual presidente de la Academia de Jurisprudencia de Cataluña, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona, que además preside el Consejo de Administración de la Caixa de Barcelona. Sin embargo, el cerebro de la estrategia colectiva de la defensa, basada en lograr la exculpación de Jordi Pujol, es el abogado Joan Piqué Vidal.

En el grupo de letrados defensores del caso Banca Catalana figuran destacados juristas, como Rafael Jiménez de Parga, catedrático de Derecho Mercantil y consejero delegado de Antena 3, o Federico de Valenciano, ex fiscal jurídico militar, miembro de la comisión que redactó el anterior Código de Justicia Militar y defensor de artistas e intelectuales como Albert Boadella o Eliseo Bayo.Participan también Joan Córdoba Roda, catedrático de Derecho Penal de la universidad de Barcelona, abogado de la Generalitat para diversos temas, y defensor asimismo de José María Ruiz-Mateos; Lluís Muñoz Sabaté, profesor de Derecho Procesal; Francesc Segura de Luna, especialista en Derecho Mercantil y Administrativo, ex vicedecano del Colegio de Abogados y ex secretario del Banco Atlántico; Enric Granados Jarque, con 35 años en el ejercicio profesional; Juan Carlos Maresca Cabot, profesor de Derecho Administrativo de la universidad de Barcelona; Manuel Serra Domínguez, catedrático de Derecho Procesal; Jorge Carreras Llansana, ex rector de la universidad de Barcelona y especialista en temas bancarios; Miquel Casals Colldecarrera, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona; Javier Ibañéz Garmendia, ex funcionario judicial y de la organización sindical; Joan Caries Piqué Hernández, experto en delitos económicos, y Joan Vila Mayo, doctor en Derecho.

Joan Piqué Vidal, de 53 años, hijo de un modesto comerciante de ultramarinos del barrio barcelonés de Poblenou, asesora privadamente desde hace algunos años a Jordi Pujol en sus asuntos legales. Profesor de Derecho Procesal en la universidad de Barcelona, responsable de la Sección Penal del Colegio de Abogados, fundó, además, un gabinete con 40 profesionales del Derecho especializados en diversas ramas jurídicas.

El despacho de Joan Piqué ha asumido defensas tan dispares como la del presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, en la querella planteada por el futbolista Juanito; la del ex dirigente aliancista Eduard Bueno; la de numerosos empresarios implicados en el fraude de la Seguridad Social; la de los ex consejeros del Banco de los Pirineos o la del escritor Carlos Barral. Su gabinete, que alguien ha calificado como policlínica jurídica, ha colaborado también en la realización de importantes transacciones mercantiles, como la reciente compra por parte de industriales kuwaitíes de un paquete de acciones de la papelera Torras Hostench.

La defensa de Pujol

Joan Piqué ha dedicado, durante estos dos últimos años, la mayor parte de su tiempo a estudiar el caso. Su objetivo ha sido estructurar la coordinación de la defensa de los querellados del caso Banca Catalana y, en especial, tutelar debidamente los intereses de Jordi Pujol, a pesar de que el presidente de la Generalitat, para subrayar sus declaraciones de inocencia, se haya negado a designar oficialmente abogado defensor.Oficialmente, Joan Piqué Vidal sólo asume la defensa de dos de las personas más próximas a Pujol, su cuñado Francesc Cabana y su amigo personal Josep Lluís Vilaseca, pero en la práctica representa también los intereses del propio presidente de la Generalitat y los de otros tres querellados, Joan Casablancas, Antoni Armengol y Delfi Mateu, cuya defensa se encuentra asignada a los abogados Joan Vila, Javier Ibáñez y Joan Caries Piqué Hernández, miembros de su despacho.

A través de la defensa concreta de los otros querellados, Piqué ha ido configurando indirectamente la estrategia de la defensa de Pujol. Un ejemplo fueron los escritos de exculpación presentados por los demás implicados, en septiembre, en los que replicaban a la petición de procesamiento. Todos ellos contenían importantes alegatos subrayando la inocencia del actual titular de la Generalitat.

Tras esta defensa indirecta y constante de Pujol se han adivinado, sin embargo, algunos conflictos de intereses con abogados de otros querellados. Así, en el primer escrito de réplica a los fiscales (presentado el pasado 4 de septiembre) se solicitaba la exculpación de Pujol y el envío de la causa del resto de los afectados a un juzgado de instrucción, pero en un posterior documento -elaborado también por las defensas y entregado días después- se modificó la tesis, para reclamar el sobreseimiento para todos los encausados.

Las 'togas de oro'

El equipo que defiende a los querellados se estructuró como tal en mayo de 1984, después de que un grupo de los más prestigiosos juristas catalanes, conocidos como las togas de oro, se reuniera en el despacho de Piqué para estudiar el caso. Hacía pocos días que el fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, había presentado la querella en la Audiencia Territorial de Barcelona.El equipo de defensores se ha reunido formalmente en contadas ocasiones, cuatro a lo sumo. La más polémica fue la del pasado 11 de abril, a la que asistió el secretario general por delegación de Convergéncia, Miquel Roca, entonces empeñado en la operación reformista. La presencia de Roca sorprendió a alguno de los asistentes por el riesgo de que se interpretara como una evidencia de estrechas relaciones entre el equipo legal y el partido de Pujol. En la reunión se trataron temas jurídicos y extraprocesales, como las declaraciones de Tomás Azorín, delegado del Gobierno en Andalucía, quien señaló que Pujol iría a la cárcel, o el posible relevo de Burón Barba como fiscal general del Estado, que se produjo algunos meses después.