Una pareja de edad avanzada será expulsada de su vivienda por impago de una letra de 19.507 pesetas

La pareja compuesta por Enrique Martínez Nicolás, de 60 años, y Casilda Montalvo Torres, de 58, y dos de los cuatro hijos que aún viven con ellos, de 12 y 21 años, serán arrojados de su vivienda por orden judicial al próximo 14 de noviembre. La causa es no haber pagado una letra de un coche, vencida el 15 de octubre de 1976, por valor de 19.507 pesetas. El piso, de 53 metros cuadrados, les fue embargado, sacado a subasta y comprado por un particular a principios de año por 196.000 pesetas. Ese dinero será destinado, además de al pago de la letra, a sufragar las costas del juicio: 100.000 pesetas.

Enrique Martínez trabaja como representante y, como él mismo reconoce, "19.507 pesetas no es una gran cantidad. A lo largo de estos 10 años pudimos haberla pagado, pero la verdad es que nos despreocupamos"."Cuando la financiera -la letra estaba librada a favor de Credit, SA, por la compra de un coche- la pasó a la vía judicial", añade Martínez, "el juez nombró un procurador y un abogado de oficio que nos defendiera, pero la verdad es que nunca hemos sabido cómo se iba desenvolviendo el caso".

Con la ley en su contra, el pleito terminó como era lógico: con la subasta de bienes de la pareja para hacer frente no sólo al importe de la letra, sino también a los haberes del funcionario que peritó la vivienda y las más de 100.000 pesetas de costas del juicio.

Se da el caso que la vivienda de Enrique y Casilda, construida por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se valoró en 262.500 pesetas y fue adquirida en subasta a la tercera ocasión, con una rebaja sobre su valor inicial del 25%, por lo que no van a percibir prácticamente nada en metálico, además de quedarse en la calle.

Enrique Martínez, que se define a sí mismo como un hombre tranquilo y poco dado a los espectáculos, esconde su preocupación bajo un manto de serenidad forzada: "No me voy a echar a llorar. Si vienen a echamos tendremos que irnos. Ya veremos. Mis hijos mayores, ya casados y con casa propia, nos han ofrecido cobijo. He vivido mucho y siempre he salido adelante, aunque la verdad es que desde que nos enteramos del desahucio no podemos dormir. La procesión va por dentro".

El despacho del abogado Juan Ruiz está estudiando el caso desde hace apenas una semana para estudiar si existe alguna vía legal que permita evitar la expulsión de la pareja de la vivienda, que ocupan desde 1964.

"Aunque parece que no se puede hacer gran cosa", dice Juan Ruiz, "espero que el juez que tramitó el juicio, Rafael Gómez Chaparro, titular del Juzgado de Primera Instancia número 15, atienda nuestras razones. Si es necesario, recurriremos al Tribunal Constitucional y al Defensor del Pueblo, porque, aunque se hayan cumplido los trámites, existen aspectos poco claros. El primero, y más importante, porque para hacer frente a una letra impagada de tan escasa cuantía se fija como bien embargable la vivienda, que aunque su valor oficial sea sólo de 262.500 pesetas, es evidente que su valor real es muy superior".

La vivienda en cuestión, de 53 metros cuadrados, está situada en la calle de Felipe Moratilla, 11, junto a la Ribera del Manzanares, muy cerca de San Antonio de la Florida, en una zona muy revalorizada.

Es evidente, añade el abogado, que su comprador podrá venderla de nuevo por una cantidad muy superior a su coste.

Protección oficial

La vivienda es de protección oficial. Enrique Martínez confirmó que le fue adjudicada por el Instituto Nacional de la Vivienda en 1964 y que desde entonces viene pagando una cantidad mensual de 519 pesetas, que deberá seguir pagando hasta 1994, momento en que será suya de pleno derecho.Y este extremo es, en opinión de José Paniagua, subdirector del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), lo que añade un elemento de confusión al caso. "No conocía este asunto", afirmó Paniagua, "por lo que no puedo hacer declaraciones concretas, pero, de entrada, me parece extraño que se disponga como bien embargable de una vivienda que no es totalmente de propiedad del afectado".

"Si Enrique Martínez aún no la tenía escriturada, esa vivienda sigue siendo oficialmente propiedad del Estado, y, en cualquier caso, el cambio de titularidad de una vivienda de protección oficial debe ser siempre comunicado al organismo competente, en estos momentos el Ivima, lo que no creo que se haya hecho. Nos pondremos en contacto con el abogado de Enrique Martínez para estudiar el asunto".