Luis Ramallo acusa al Gobierno de mentir y defraudar con Rumasa

J. C. El diputado del Grupo Parlamentario Popular Luis Ramallo acusó ayer al Gobierno de haber mentido al Parlamento y defraudado al fisco con motivo de la reprivatización de las empresas del holding expropiado a Rumasa. En el curso de la interpelación urgente al Gobierno efectuada ayer por el Grupo Popular sobre la valoración de política general que hace el Gobierno de la gestión pública de los bienes, expropiados del grupo Rumasa y su posterior venta a terceros, Ramallo acusó al Gobierno de haber elevado las pérdidas producidas por el grupo Rumasa a más de 700.000 millones de pesetas.

El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, rechazó las afirmaciones de Ramallo y aseguró que no se ha perdido dinero con la administración del Estado y que se ha reprivatizado siempre al mejor postor. Luis Ramallo anunció la presentación de una inoción como consecuencia de esta interpelación.El diputado de Coalición Popular calificó la gestión de la Rumasa expropiada de inepta, negligente y ruinosa, y al proceso de reprivatización de haber sido hecho por incompetencia, con precipitación, sin garantías, con sectarismos, con pérdidas multimillonarias para la Hacienda pública y con indicios más que suficientes para fundamentar sospechas de favoritismo, parcialidad y arbitrariedad.

Luis Ramallo centró buena parte de su intervención en el caso de la sociedad Drane, sociedad instrumental por la que Rumasa controlaba mayoritariamente a bodegas Lan, SA, y, en cuya reprivatización "el Gobierno ha incurrido en responsabilidades muy graves". La argumentación del diputado popular se basa en la existencia de dos contratos distintos en torno a la enajenación de Drane: el aprobado por Consejo de Ministros, que fue el enviado al Parlamento, y el que luego sirvió para la venta efectiva ante notario de la empresa a Marcos Eguizábal.

En opinión de Ramallo, esta duplicidad de actas del acuerdo del Consejo de Ministros significa, desde el punto de vista político, que el Gobierno ha mentido al Parlamento de forma muy grave y mantenido el engaño; que la mentira supone un quebranto para el erario público de 686 millones de pesetas; que el contrato finalmente suscrito difiere delaprobado por el Consejo de Ministros, y que el comprador ha obtenido un beneficio correlativo de 1.128 millones de pesetas.

Ramallo, que rechazó como risible la explicación dada a la Cámara de este fenómeno por parte del director general del Patrimonio, Prudencio García, se refirió a otros casos de reprivatizaciones donde se han producido "verdaderos compadreos" entre los que citó la venta de bodegas Franco-Españolas al mismo Eguizábal; o el caso de Laboratorios Friné, SA, vendido a una sociedad constituida el mismo día de la transacción con un capital de 200.000 pesetas; o el caso Hispano Alemana, donde se ha vendido por 1.000 millones de pesetas una sociedad con un patrimonio neto positivo al día de la venta, en su. opinión, de 17.220 millones de pesetas, habiendo soportado la Administración un coste por esta operación de 24.558 millones de pesetas; o el grupo Herraiz, la sociedad comercial DVP, Pickman, SA, o Paternina SA.

Ir a los tribunales

Carlos Solchaga, en un muy poco afortunado inicio de intervención -llamó a Luis Ramallo "Ramallo Eanes"- y se refirió al hecho de arrojar sobre la "cama" denuncias, cuando evidentemente quería decir sobre la Cámara, comenzó amenazando a Ramallo con echarle a los tribunales si el diputado popular renunciaba a su inmunídad parlamentaria. Para el mínistro de Economía y Hacienda, las afirmaciones de Rama¡lo sólo buscan "echar basura sobre la dignidad y comportamiento de las numerosas personas que han participado en la gestión y reprivatización de Rumasa". Justificó el doble acuerdo de Drane aludiendo a las necesarias variaciones contables producidas entre el acuerdo de Consejo de Ministros y la fecha efectiva de venta.

Solchaga rechazó la cifra de 700.000 millones y afirmó que las pérdidas de Rumasa a 30 de junio de 1984 se elevaban a 400.000 millones de los que 260.000 son consecuencia del agujero patrimonial descubierto por la auditoría efectuada por Arthur Andersen. El ministro aseguró en repetidas ocasiones que el Gobierno está satisfecho del proceso de reprívatización y no reconoce "ninguna de las posibles acusaciones ni insinuaciones efectuadas malévolamente por el diputado popular". Señaló que los puestos de trabajo se han garantizado en un 95%; se han respetado los derechos de los impositores en los bancos expropiados y se han satisfecho las demandas de los accionistas.