España negocia con Cuba las indemnizaciones a los expropiados en 1959
Responsables de los Ministerios de Asuntos Exteriores de España y de Cuba negociaron esta semana en Madrid sobre las indemnizaciones que los españoles expropiados en 1959 por el régimen castrista reclaman al Gobierno cubano. A comienzos de semana, visitó Madrid la directora de Asuntos Jurídicos y Consulares de la cancillería de Cuba, Olga Miranda, quien se entrevistó con el director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Rafael Pastor Ridruejo.
Los contactos entre España y Cuba sobre este punto se remontan a hace bastantes años, y fue objeto de conversación en la visita de Adolfo Suárez a La Habana en 1978. Hace unos dos años, esos contactos se intensificaron para buscar una solución satisfactoria para ambas partes.Cuba ha resuelto ya el mismo problema con Canadá y Suiza, y mantiene el contencioso con España y Estados Unidos. Las fuentes consultadas no precisaron los resultados de la entrevista de Olga Miranda y Rafael Pastor Ridruejo, y en el Ministerio de Asuntos Exteriores el mutismo fue absoluto sobre esta cuestión, que será una de las que trate Felipe González y Fidel Castro durante la visita que el presidente español realizará a Cuba del 13 al 16 de noviembre próximos.
Las valoraciones sobre la cifra que debe ser abonada a los efectos varían sensiblemente, según quien las realice. Para los 3.151 españoles a quienes el Gobierno revolucionario, de 1959 expropió propiedades rústicas y urbanas, la indemnización debería fijarse en unos 350 millones de dólares. Las últimas valoraciones realizadas por el Gobierno español sitúan las indemnizaciones en 75 o 120 millones de dólares, según se hagan los cálculos. Por su parte Cuba, que reconoce la deuda, considera que, como tope máximo, la cifra habría de situarse en unos 30 millones de dólares.
En caso de aceptarse las valoraciones realizadas por el Gobierno español, lo que cobrarían los afectados por las expropiaciones se situaría entre los 25 y los 40 millones de dólares, ya que la práctica internacional para este tipo de reclamaciones es que finalmente el Gobierno deudor sólo paga la tercera parte de la deuda que reconoce.
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