Pujol recibió de Banca Catalana 84 millones en dividendos ilícitos, según los fiscales

Los fiscales encargados del caso Banca Catalana sostienen que el ex consejero de la entidad Jordi Pujol recibió, entre los años 1974 y 1980, 84.375.000 pesetas en concepto de dividendos ilícitos. Esta acusación de los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena está contenida en un escrito, remitido ayer a la presidencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, en el que responden al documento de alegaciones presentado el pasado 25 de septiembre por los abogados defensores de los querellados.

El nuevo documento del ministerio fiscal se compone de 58 folios, estructurados en nueve apartados, y está acompañado de un cuadro en el que se recogen de manera pormenorizada los dividendos, supuestamente ilícitos, recibidos por 14 de los 17 querellados. Una copia de este escrito se entregará a los defensores y a los magistrados.En medios jurídicos se asegura que el documento no mterferirá el calendario establecido por el presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona, Jaume Amigó de Bonet, y que el pleno convocado para el próximo 21 de noviembre para decidir sobre el procesamiento del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de los demás querellados, se celebrará en la fecha prevista.

El documento del ministerio público responde a algunas de las tesis expuestas por los defensores en su escrito de descargo. Los fiscales aseguran que los hechos investigados son constitutivos de una infracción administrativa y, además, de una transgresión penal. Con esta afirmación, sustentada con argumentos jurídicos y doctrinales, se intenta desvirtuar la teoría de los defensores, según la cual lo sucedido en Banca Catalana constituye, a lo sumo, una infracción administrativa.

Los fiscales intentan también rebatir la tesis de la defensa, que asegura que seestá tratando el asunto de forma diferente a cómo se ha hecho con otras crisis bancarias. En esta línea, aportan abundantes datos sobre las causas abiertas a los ex consejeros del Banco de Descuento, del Banco de los Pirineos y del Banco Occidental. El escrito rechaza la teoría de que no existen perjudicados en el caso porque no hay planteada ninguna reclamación judicial.

El ministerio público aborda otros aspectos relativos a la caja b, a las sociedades instrumentales, a la autocartera y a los negocios fiduciarios. Sobre este último punto, los fiscales aportan una sentencia de la Audiencia de Barcelona, dictada el pasado mes de marzo, en la que se dice que este tipo de operaciones son "negocios jurídicos criminalizados".

Pero, sobre todo, el documento de los fiscales examina la percepción de dividendos supuestamente ilícitos por parte de 14 querellados, entre los que se incluye al propio Pujol. Los fiscales califican como dividendos ¡lícitos aquellos que fueron distribuidos a los accionistas a pesar de que en la contabilidad global del banco se habían detectado síntomas de déficit. En opinión de los fiscales, esta distribución de dividendos sería constitutiva del delito de apropiación indebida recogido en la querella inicial.

Para contabilizar y pormenorizar cada una de estas partidas, los fiscales se han visto obligados a establecer previamente el patrimonio real de Banca Catalana, contabilizando las actividades de las diférentes entidades económicas, las cajas a, b y e, así como las opeiraciones de las diversas sociedades instrumentales. A pesarde los déficit, según los fiscales, los ex consejeros siguieron repartiendo dividendos y provocaron que la sociedad fuese hacia la ruina.

El ministerio público afirma que, entre 1974 y 1980, 14 de los querellados recibieron en total 289 millones de pesetas en concepto de dividendos ¡lícitos, lo que representó un 16% de los repartidos al resto de los accionistas. Durante este períodio, los fiscales aseguran que Pujol recibió 84 millones de, pesetas, mientras que Jaume Carner percibió

43millones; Olegari Soldevila, 29 millones; Ramón Miquel, 24 millones; Joan Casablancas, 22 millones; Lluis Montserrat, 27 millones; Martí Rosell, 21 millones; Francesc Cabana, 20 millones; Raimon Carrasco, 2 millones; Salvador Casanovas, 6 millones; Joan Martí, 2 millones; Delfí Mateu, 491.000 pesetas; Andreu Ribera, 2 millones, y Josep Lluís Vilaseca, 2 millones.

El documento aborda con todo detalle la venta de acciones de la familia de Jordi Puyol a la empresa Hoe, que se encentraba en práctica quiebra y que adquirió los títulos con un préstamo del Banco Industrial de Cataluña (BIC), según el escrito de acusación. Los abogados defensores, en sus alegaciones, habían dado escaso crédito, a esta operación.

El ministerio público explica ahora que Hoe pudo pagar las acciones de la familia Pujol. gracias a la renovación de un préstamo del BIC efectuada un día antes de que se cerrara la operación, en la que se infringió en diversas ocasiones el reglamento interno de la entidad, según los fiscales.