Los jueces penales de Madrid rechazan discutir con mandos de Interior sobre la subordinación policial

Los jueces penales de Madrid han decidido no mantener por el momento ningún contacto con los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por entender que los problemas de la subordinación policial deben encauzarse "al más alto nivel" institucional. El acuerdo se adoptó en una reunión informal de la Junta de Jueces de Madrid con el presidente de la Audiencia Territorial, Clemente Auger. El decano, Antonio García de Paredes, informó ayer a EL PAÍS que no hay previsto ningún encuentro con mandos policiales.

En días pasados circularon noticias sobre próximos encuentros entre distintos jueces pena les y, en concreto, entre el decano de Madrid y el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, para tratar de encontrar soluciones a la situación policial sobre la que se pronunció la Junta de Jueces de Madrid, con la adhesión de la de Barcelona. Preguntado sobre la realidad de estos encuentros, el magistrado-juez García de Paredes manifestó que no está prevista ninguna reunión de este carácter y que ni siquiera han sido solicitados formalmente por ningún mando policial ni, desde luego, por él.Fuentes próximas al decano aseguraron que los contactos con el Ejecutivo se van a canalizar a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El propio Consejo, en uno de los acuerdos adoptados el pasado 27 de octubre, en este caso sin votos en contra, decidió, "preocupado por la tutela judicial efectiva y el servicio al ciudadano (...), intensificar sus relaciones al más alto nivel con los poderes Ejecutivo y Legislativo". En esta línea, el presidente del Consejo, Antonio Hernández Gil, preparaba ayer su próxima reunión con el presidente del Gobierno.

El 'cauce' de la Guardia Civil

Aunque el acuerdo fue tomado en la sesión del Consejo dedicada monográficamente el lunes pasado al comunicado de la Junta de Jueces Penales de Madrid, emitido el 22 de octubre último, sobre la actuación policial, en la decisión pesó también la actitud de algunos cuerpos policiales, como la Guardia Civil, que se han comunicado directamente con el CGPJ, sin tener en cuenta que la Administración tiene como cauce el Gobierno -concretamente, el Ministerio de Justicia- para dirigirse a un órgano de gobierno de un poder del Estado.En la misma fecha del pleno del Consejo, la Junta de Jueces penales de Barcelona adoptó un acuerdo de adhesión con la de Madrid que, según alguno de los magistrados que participaron en la misma, no se quiso hacer pública ese día, habida cuenta de la reunión que celebraba el pleno del CGPJ.

Con un voto en contra, la Junta de Jueces de Instrucción de Barcelona -en una reunión en la que se produjeron seis ausencias- adoptó el siguiente acuerdo: "Adherirse al acuerdo de la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid, tomado el día 22 de los corrientes, en el sentido de manifestar su esperanza en que el CGPJ encuentre los cauces adecuados para hacer llegar a las Cortes las inquietudes que expresaba aquella junta, y en particular en relación a la investigación de que fue objeto un magistrado de la misma" [se refiere a Andrés Martínez Arrieta, instructor del caso Nani].

Los jueces penales de Barcelona adoptaron esta decisión "por si el Parlamento estimara oportuno la formación de una comisión que compruebe", según el texto íntegro del acuerdo, "el estado real del aparato policial, de tan decisiva incidencia sobre los derechos y libertades de la ciudadanía y su efectivo control por el poder Ejecutivo, de quien depende". El acuerdo fue comunicado por el decano de Barcelona, Javier Ferrer, al presidente de la Audiencia Territorial de Barcelona y al decano de Madrid.

La mediación de Moscoso

En la reunión informal celebrada el pasado martes por los jueces penales de Madrid con el presidente de la Audiencia Territorial, se decidió, además de no contestar al CGPJ, dar prioridad a la resolución del conflicto con los miembros de los cuerpos policiales por los cauces constitucionales previstos. En concreto, hubo acuerdo sobre la conveniencia del encuentro del presidente del Consejo, Antonio Hernández Gil, con el del Gobierno, Felipe González, y se consideró interesante la mediación del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, de acuerdo con su misión constitucional de "velar por la independencia de los tribunales".En todo caso, los magistra dos rechazaron la procedencia de cualquier contacto directo con los mandos policiales, aunque apreciaron la buena voluntad existente en los altos cargos de Interior que se habían ofrecido. Tanto Clemente Auger -que el pasado 10 de octubre mantuvo un almuerzo con el ministro del Interior, José Barrionuevo, en el que éste se mostró conciliador para la resolución de los problemas con la policía- como los jueces penales, estimaron inadecuados los encuentros institucionales de coordinación con los mandos policiales, en una situación de igual a igual, ya que, según los reunidos, "lo único que hay que coordinar es la subordinación de la policía".

'Tirón de orejas' a los jueces

Por lo que se refiere a los acuerdos del CGPJ sobre el comunicado de los jueces penales de Madrid, los vocales Emilio Berlanga y Valentín de la Iglesia explicaron, en una reunión con miembros de Jueces para la Democracia, que gran parte de la sesión plenaria del lunes se dedicó a discutir sobre la posible iniciación de acciones disciplinarias contra la junta de jueces. Por su parte, el vocal Ignacio de Otto, uno de los promotores de estas acciones, se reunió con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol.Fuentes próximas a la minoría que se opuso a la acción disciplinaria y al tirón de orejas de gran dureza que se planteó en principio, manifestaron su desacuerdo con el modo de presentar a la opinión pública los acuerdos, que no transmitió las distintas posiciones mantenidas. Junto a Berlanga y De la Iglesia, se alinearon José Luis Calvo, Pablo García Manzano, Juan Antonio Linares y Julián Serrano Puértolas.