Fuerte polémica entre los tres sindicatos mayoritarios del País Vasco sobre el proceso electoral

Las tres centrales sindicales mayoritarias del País Vasco mantienen una fuerte polémica pública en torno a las circunstancias en las que se desarrollan las elecciones sindicales en la comunidad autónoma. En las comisiones de homologación sólo participan representantes de ELA-STV y del Gobierno vasco. Ello es el resultado más visible de la diferencia de criterio entre los tres sindicatos mayoritarios y el Ejecutivo autónomo sobre el procedimiento a seguir en las elecciones.El Ejecutivo autónomo ha presentado requerimiento de incompetencia contra las normas electorales dictadas por la Administración central y no ha promulgado ninguna norma específica en el ámbito de la comunidad autónoma. La central nacionalista ELA-STV ha defendido la celebración de las elecciones según los acuerdos intersindicales de 1982. CCOO y UGT reclaman una regulación suplementaria o el respeto a la normativa de la Administración central.

Tomás Tueros, secretario general de CC OO en Euskadi, cree en la posibilidad de llegar a un acuerdo entre centrales y Ejecutivo para enmendar la actual situación. Mientras, hace frente a la oposición de sectores de su sindicato partidarios de asistirá a las comisiones.

Alberto Pérez, secretario de la Unión General de Trabajadores del País Vasco, afirma que "el Gobierno vasco no está cumpliendo con su función, y, por el contrario, fomenta con su modo de actuar la desobediencia civil". ELA-STV rechaza la continuación de la polémica pública y afirma que las comisiones de homologación están abiertas a la participación de las otras centrales. Al mismo tiempo, descarta la posibilidad de una marcha atrás en el proceso electoral.

Normativa estatal

El Gobierno vasco y ELA-STV coinciden en su rechazo a la normativa estatal, ya que consideran que no respeta las competencias autonómicas. En este sentido, ELA ha presentado ya los preavisos en todas las empresas de la comunidad autónoma para la celebración de elecciones.Las críticas de UGT y de CCOO se basan en argumentos similares. La formalización de los preavisos es el primer reparo de estas centrales. Los acuerdos de 1982 no obligaban, como lo hace la norma estatal, a la presentación de preaviso ante la Administración pública y la empresa.

Asimismo, UGT y CC OO denuncian el que una comisión con participación exclusiva de un sindicato y de la Adminístración pueda homologar actas electorales en empresas que, según la ley estatal, no deben computarse.