El Gobierno solicita tiempo a la CE para informar sobre la desmonopolización de Campsa

El Ministerio de Industria y Energía prepara estos días su respuesta formal ante la Comisión Europea sobre la carta que el director general de Competencia (DG-4), Peter Sutherland, envió a mediados de julio a Luis Carlos Croissier solicitando información sobre el proceso jurídico de desmantelamiento del monopolio comercial de Campsa. Por el momento, el Gobierno ha solicitado, verbalmente, tiempo para materializar esta respuesta en razón a los cambios que se han producido en Industria, que incluyen a su titular, al secretario general y al director general de Energía.

Por otro lado, fuentes comunitarias consultadas desde Madrid aseguraron ayer que la Comisión Europea no ha recibido ninguna "demanda" por parte de un gabinete de abogados o multinacional en relación a la reordenación del sector petrolero español. Las mismas fuentes aseguraban, además, que la palabra "demanda" aparecida en la Prensa está mal utilizada y, en cualquier caso, tampoco se ha "recibido" ninguna carta, único mecanismo que tienen los intereses privados para protestar o llamar la atención sobre medidas que adopta un Estado miembro en contra de las normas de libre competencia firmadas en el Tratado de Roma.La carta recibida en julio por Luis Carlos Croissier, y que iba firmada por el responsable de la Dirección. General de la Competencia de la Comisión Europea, ha sido estudiada en profundidad por los responsables energéticos españoles. Escrita en términos conciliadores, la misiva se interesaba sobre algunos aspectos de la reordenación del sector que afectaban, concretamente, a la posibilidad de comercialización por parte de las multinacionales de los contingentes de importación de productos negociados bajo, el artículo 48 del tratado de adhesión, al futuro régimen de distancias de las estaciones de servicio y a la eventualidad de un abuso de posición dominante por parte de Campsa en determinados acuerdos con gasolineros e intereses institucionales.

La deducción extraída por los expertos del sector de la carta comunitaria es que ésta no afecta a la nueva estructuración del sector petrolero español, cerrado en parte mediante normas jurídicas de distinto carácter (básicamente, el decreto ley de diciembre pasado). La misiva, según la misma interpretación, tan sólo mostraba un interés claro por el ordenamiento pendiente de la venta al por menor. A este respecto, es muy probable que el Ministerio de Industria haga coincidir la respuesta a la carta de Sutherland con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la normativa sobre estaciones de servicio.

Precisamente en la ordenación futura de los puntos de venta al por menor parece centrarse el interés de las multinacionales y de diversos intereses españoles. La próxima firma con el Ayuntamiento de Barcelona de un acuerdo con Campsa para la comercialización de productos en dicha zona, en línea con el acuerdo ya alcanzado con la Comunidad de Madrid, parece que es la razón inmediata del nuevo interés de los gasolineros españoles, que se consideran muy afectados por el cambio que ha supuesto la integración española en la Comunidad Europea.

Respecto a las informaciones aparecidas en torno a una demanda contra el Gobierno español, ninguna de las tres direcciones generales de la Comisión Europea (Competencia, Energía y Servicios Jurídicos) tenía constancia de haber recibido ninguna comunicación, ni institucional ni privada, respecto a la reordenación petrolera en curso en España.

A este respecto se recuerda que la misiva de Sutherland era la única comunicación que, con carácter formal, ha recibido el Gobierno español. Previamente, un funcionario de la DG-4, Cadieu, había solicitado información a un subdirector general del Ministerio de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, sobre la misma cuestión.