Ruiz-Mateos denuncia irregularidades en la venta de Rumasa

José María Ruiz-Mateos, fundador de Rumasa, se ha dirigido al Tribunal de Cuentas, en ejercicio de la acción popular o pública, para que exija responsabilidades contables al Gobierno y a otras personas por la forma en que ha sido reprivatizado el grupo expropiado. El denunciante estima las presuntas irregularidades en unos 500.000 millones de pesetas. Su escrito -101 folios- relata que en algún caso los intermediarios cobraron ocho millones de pesetas por una empresa adjudicada en 29.250 pesetas.El coordinador del equipo de abogados de Ruiz-Mateos, Ramón Pelayo, declaró a Europa Press, agencia que difundió ayer la denuncia, que el Tribunal de Cuentas debe explicar lo sucedido con la reprivatización, "quién hay detrás de algunos testaferros y grupos, y quiénes son responsables del perjuicio causado al Tesoro público".

El escrito se centra exclusivamente en las supuestas responsabilidades contables, no en las penales, que los abogados pretenden denunciar por separado. Se basa en que la autorización parlamentaria al Gobierno para reprivatizar respetando "el interés social perseguido por la expropiación" fue entendida como una carta blanca que originó un sinnúmero de irregularidades y oscuridades, cifradas en medio billón de pesetas. Las pérdidas del holding han sido valoradas en 700.000 millones de pesetas por la Administración y en más de un billón por la oposición.

Además de denunciar la adjudiciación de empresas a personas insolventes, el escrito destaca que casi ninguna reprívatización se hizo mediante concurso público, que la mayoría han ido a parar a sociedades creadas ex profeso, que la falta de publicidad provocó la aparición de intermediarios perceptores de comisiones incluso superiores al precio de adjudicación, que antiguos directivos del grupo han adquirido con frecuencia empresas, reprivatizadas, que nunca se hizo una valoración de mercado de las sociedades, que hay "alarmante diferencia" entre los precios aprobados por el Consejo de Ministros para reprivatizar y los realmente cobrados, que en la mayoría de los casos se establecen pagos aplazados sin respaldo legal.