Pujol fue un directivo modelo, según los abogados defensores del 'caso Banca Catalana'
Jordi Pujol es un "ejemplo de directivo bancario", y bajo su dirección Banca Catalana fue "un banco modelo que alcanzó un crecimiento insospechado", pese a los "constantes obstáculos del Gobierno central". Éstas son algunas de las conclusiones que expone la defensa de 14 de los 17 querellados en el caso Banca Catalana en el escrito de alegaciones presentado al juzgado el pasado 25 de septiembre. No firman los defensores de Salvador Casanovas y Raimon Carrasco, presidente éste de la entidad cuando estalló la crisis, ni ningún abogado que represente a Pujol, quien oficialmente no tiene defensor.Los letrados acusan también a los fiscales de convertir un asunto "exclusivamente administrativo" en un "proceso penal", defienden la corrección jurídica de la actuación de Pujol y la necesidad de exculparlo junto con los demás querellados e insisten en que el único tribunal competente para juzgar el caso es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aún no constituido, y no el Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona.
En el escrito se minimiza la labor de investigación efectuada durante dos años por los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, y se asegura que en este tiempo no se ha aportado a la causa ningún elemento inculpatorio de los querellados. Según los abogados, las acusaciones de los fiscales se basan únicamente en los datos contables recogidos en el informe del Banco de España de 18 de mayo de 1983, que a su vez se fundamentan en los obtenidos de la contabilidad de Banca Catalana.
El escrito de los fiscales, dicen los letrados, prescinde del único elemento novedoso que está expuesto en el dictamen pericial en el que se confirma la "absoluta falta de responsabilidad penal de los querellados". Añaden que los fiscales hacen "acusaciones genéricas" sustentadas en "errores contables", insisten en los supuestos componentes políticos del caso y alertan a los magistrados sobre la "sensibilización ciudadana" frente al proceso, la "actitud tendencilosa" de determinados medios de comunicación, la actuación pública y supuestamente incorrecta del ministerio fiscal o la "discriminación" sufrida por los administradores de Banca Catalana.
Recalcan sobre todo los firinantes del escrito que los administradores de Banca Catalana "no se movían por un afán de lucro personal", sino que su finalidad era la de fer país, -hacer país- "impulsando y apoyando el desarrollo de la economía catalana, hasta el punto de que no percibían renumeración alguna".
