El Gobierno francés sigue el ejemplo norteamericano en la lucha contra la droga

El Gobierno de Jacques Chirac ha decidido seguir el camino de la Administración norteamericana en su lucha contra la droga. El aumento de las penas por consumo y la exención de ellas para los informadores, en aplicación de una figura similar a la del arrepentido de las legislaciones antiterroristas, son algunas de las medidas presentadas por el ministro de Justicia, Albin Chalandon, después de la reunión de un consejo interministerial dedicado exclusivamente a la lucha contra la droga.

Frases como "el consumidor es ante todo un delincuente" o "la acción represiva, primero; la acción preventiva, a continuación" y la opción entre "la cura o el encarcelamiento", todas ellas del propio Chalandon, definen la nueva filosofía sobre la droga, después de 15 años de "una política sobre toxicomanía coherente", según Christian Colombani, en Le Monde, y de "una complacencia excesiva", según Jacques Toubon, secretario del partido de Chirac, la Asamblea para la República (RPR).Algunas de las medidas se fundamentarán en una más estricta aplicación de una ley de 1960. Otras surgirán de una iniciativa legislativa que se desarrollará este mismo otoño. El resultado implicará que las penas por consumo de droga pasarán de un año a dos años de cárcel; la simple posesión se asimilará al consumo; los delitos prescribirán a los 10 años, no a los tres; como ahora; el plazo de prescripción de las penas pasará de cinco a 20 años, y el derecho de registro en las zonas marítimas se ampliará de las actuales 12 millas a las 24, entre otras cosas.

Los toxicómanos se encontrarán, en la práctica, con la obligación de someterse a la curación o, en caso contrario, de enfrentarse con la prisión. Las cárceles privadas proyectadas por el ministro Chalandon se encargarán del internamiento de los drogadictos sometidos a la desintoxicación forzada. A este propósito, un consejero médico de Chalandon ha utilizado el término de campos para drogados.

Las instituciones terapéuticas actuales quedarán devaluadas en provecho de centros "más eficaces". La institución que absorberá mayor número de toxicómanos será El Patriarca, a pesar de la declaración del propio ministro en la que asegura que, "aunque esta asociación no ha sido siempre muy respetuosa de nuestras leyes y reglamentos, es la única que puede desarrollarse rápidamente y sus tasas de curación están ahí para probar su éxito".

El Gobierno socialista de Laurent Fabius encargó a una comisión un informe detallado sobre la asociación El Patriarca, en el que, si bien se le reconoce "una cierta eficacia terapéutica", se asegura que está sometida también a "una cierta deriva paranoica". En las conclusiones, después de reseñar irregularidades financieras y administrativas e incluso la "violencia latente" o la "presión moral insostenible" que se ejerce en la institución, se recomienda al Gobierno la disolución de la misma.

El plan contra la droga contará con un presupuesto de 250 millones de francos (aproximadamente 5.000 millones de pesetas), de los que 170 irán a los ministerios de Justicia e Interior y 40 a Sanidad. Se crearán cárceles con capacidad de 1.600 plazas; 1.000 plazas más de tratamiento en el seno de familias voluntarias, que recibirán entre 30.000 y 40.000 francos por año y toxicómano, y 2.000 plazas más en centros de tratamiento.

Las reacciones que ha suscitado esta nueva guerra del Gobierno han sido de indignación en los medios de la terapéutica más avanzada y de satisfacción en los más conservadores y probablemente merecerá la aprobación del ultraderechista Frente Nacional, de Jean-Marie le Pen.