Desnudar un santo para vestir a otro

Se olvida que el control de la legalidad corresponde, en definitiva, a los tribunales de justicia, y todo lo que se diga sobre este tema, aun por el Gobierno, no pasa de ser una opinión, más o menos fundamentada. La legalidad o ilegalidad de la acción del Gobierno, oponiéndose a la comparecencia de los 90 guardias civiles, así como la de la previa citación de éstos por la juez de Bilbao, deberán ser establecidas por los tribunales si los procedimientos actualmente en curso llegan a buen fin.Por una parte, la juez de Bilbao ha citado a declarar para mañana al teniente coronel firmante del oficio en el que se alegaban diversas razones para la no comparecencia, y, por otra, el ministerio fiscal ha presentado finalmente un escrito de alegaciones, que no recurso en el sentido jurídico del término por estar fuera de plazo, contra la decisión judicial de citar a los guardias civiles para la rueda de reconocimiento. La declaración del teniente coronel parece ser el primer paso de la autoridad judicial para investigar la naturaleza y el origen de la orden alegada por el firmante del oficio, y el escrito del ministerio fiscal puede ser el inicio de un procedimiento que por vía de los recursos termine en las más altas instancias judiciales. El Gobierno no ha ocultado su intención de llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Constitucional, alegando que la decisión de la juez de Bilbao ha podido conculcar derechos fundamentales, como es el de defensa o el derecho a la vida o a la integridad física de las personas. Como se ve, pues, el tema de la legalidad o ilegalidad deberá ser resuelto en su día, y todo lo que se diga ahora sobre el mismo no pasará de ser simplemente opinativo.

Sí debe analizarse, sin embargo, la acción del Gobierno desde una perspectiva política, pues político es el fondo de un problema que, si bien ha estallado ahora envuelto en ribetes jurídicos, enfrenta desde hace años a los estamentos judicial y policial del Estado que ejercen sus funciones en el País Vasco. Este problema no es otro que la viabilidad de la investigación judicial en las denuncias por malos tratos policiales en un contexto de lucha antiterrorista, en la que las Fuerzas de Seguridad del Estado dejan muchos muertos, y cuando se sabe que ETA utiliza la vía de las denuncias por malos tratos para obtener datos sobre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado más implicados en esta lucha.

Extraña que un asunto en el que están en juego, por una parte, valores constitucionales tan esenciales como el del control jurisdiccional por parte del poder judicial de todas las actuaciones presuntamente delictivas; por otra, derechos fundamentales, como el derecho a la vida o a la integridad física de las personas, y, en el fondo, la eficacia dentro el marco legal constitucional de la lucha contra el terrorismo de ETA, no haya sido abordado a iniciativa del Gobierno por los distintos poderes e instituciones del Estado más directamente afectados.

Situación conocida

Es en ese punto donde puede criticarse la actuación del Gobierno, que habría dejado pudrir una situación ya conocida, y que venía de lejos, sin forzar por la vía de la colaboración institucional una fórmula práctica de entendimiento entre jueces y responsables de las fuerzas que luchan contra el terrorismo, en la que, respetando y reconociendo la universalidad del control jurisdiccional sin excepción alguna, se hubieran adoptado de común acuerdo las medidas necesarias para obstaculizar la estrategia de ETA.Que se sepa, los problemas que plantean en el marco de la lucha antiterrorista las denuncias por malos tratos ante la autoridad judicial nunca han sido tratados global y conjuntamente por los poderes del Estado más directamente afectados, quizá por desconexión entre ellos. Desconexión dentro del Gobierno del departamento de Interior con el de Justicia; desconexión del Gobierno en su conjunto con el Consejo General del Poder Judicial; desconexión del Consejo General del Poder Judicial con los órganos de gobierno de los jueces del País Vasco, y, finalmente, desconexión entre los propios jueces de Vizcaya y San Sebastián, en cuyas juntas deberían haber reflexionado conjuntamente sobre estos problemas y haber esbozado una solución práctica de los mismos. Desconexión tambien, por otro lado, de los responsables políticos de Interior con los mandos de las fuerzas que actúan en primera línea contra el terrorismo.

Colaboración institucional

Lo que pudo hacerse por la vía de la colaboración institucional se hace ahora por la vía de los hechos consumados, mediante el enfrentamiento institucional, apoyando a unos pero a costa de minar el prestigio de otros ante la opinión pública; en terminología del refranero: desnudar un santo para vestir a otro. Esta situación de desequilibrio en contra del poder judicial se va a reforzar todavía más en el futuro si, como parece, va a sustraerse del conocimiento de los jueces naturales, mediante la correspondiente reforma legislativa que atribuiría esta competencia a la Audiencia Nacional, los procedimientos derivados de las querellas por malos tratos formuladas contra miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado.Si esto ocurriese, la difícil defensa que ha tenido la Audiencia Nacional como tribunal ordinario, y no de carácter especial, en sectores prestigiosos del mundo del derecho y de la propia ciudadanía en el interior de España, y en el exterior, cuando se ha solicitado la extradición de terroristas, se hará todavía más difícil; pero, sobre todo, se hará evidente que persisten todavía en plena democracia retazos de la profunda desconfianza que el franquismo alimentó contra la función jurisdiccional de los jueces: bajo la apariencia de la respetabilidad social, entonces, y ahora bajo la exaltación de su función constitucional, ir sustrayendo asuntos a su conocimiento mediante la vía de las jurisdicciones especiales o de los tribunales más o menos especiales o especializados.

No es que ahora sea igual, pero cuesta trabajo creer que el Gobierno no tenga otra vía que la de la reforma legislativa, y se rinda una vez más, en el campo de la lucha contra el terrorismo y de la política sobre la seguridad ciudadana, a una iniciativa de la derecha, que va a enrarecer en el futuro las relaciones del propio Gobierno con todos los jueces, sean conservadores o progresistas.