Un fiscal para el nuevo Gobierno

EL RELEVO en la Fiscalía General del Estado propuesto por el Gobierno ha sido acogido con recelo y desconfianza desde distintos y contrapuestos sectores, como son la ejecutiva de Alianza Popular y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Desde la derecha política se califica este nombramiento de "gesto partidista" que no está en consonancia con la insistencia de imparcialidad institucional impuesta por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, mientras que desde la izquierda profesional de los fiscales se pone en cuestión el modelo socialista de relaciones Gobierno-ministerio fiscal, que, dicen, "implica una dependencia fiscal del Gobierno bastante acusada, con el peligro que ello lleva consigo para el principio de legalidad y, asimismo, el peligro de sustituirlo por el principio de oportunidad".Si la crítica proveniente de la derecha política puede ser obviada por el Gobierno, debería preocuparle, sin embargo, la posición mantenida por el grupo de fiscales que más ha apoyado en el seno del ministerio fiscal el cambio propugnado por los socialistas en 1982, incluido un nuevo marco de relaciones Ejecutivo-ministerio público que arrinconase definitivamente en la historia el impuesto durante años por el franquismo.

La Constitución española de 1978, primero, y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de 30 de diciembre de 1981, después, concretan la misión del fiscal en el nuevo Estado democrático, fundamentalmente en la defensa de la legalidad), del interés público y en la satisfacción del interés social ante los tribunales de justicia, y el segundo de los textos citados fija los contornos de las relaciones del Gobierno con el ministerio fiscal, que se efectuarán siempre a través del fiscal general del Estado, al que el Rey nombra y destituye a propuesta del Gobierno.

Los dos textos legales añaden que la actuación del ministerio fiscal se realizará conforme a los principios de unidad de actuación, y dependencia jerárquica, pero siempre con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. El problema surge cuando se trata de compaginar estos principios con los criterios que el Gobierno maneja cuando decide interesar del fiscal general del Estado las actuaciones pertinentes sobre algún asunto, criterios que principalmente no son otros que los de oportunidad política.

Los socialistas descubrieron desde el momento de su llegada al poder la importancia del ministerio fiscal como instrumento vital para el Gobierno en la defensa que le incumbe a éste del interés público y social ante los tribunales, que son independientes y sobre cuyas decisiones no tiene influencia alguna, salvo la que legalmente pueda realizar, precisamente a través del ministerio fiscal.

Respetando el actual marco legal de las relaciones poder ejecutivo-ministerio público, los socialistas han potenciado en la práctica la iniciativa del Gobierno en estas relaciones, intentando impulsar la acción del ministerio fiscal en todos los campos (penal, civil, laboral, etcétera) y agilizar y aproximar su actuación a los problemas de los ciudadanos.

El actual ministro de Justicia ya recabó para los Gobiernos democráticos en diciembre de 1983, durante una reunión de fiscales jefes de toda España celebrada en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el monopolio de la interpretación del interés público y social que el ministerio fiscal debe promover, y no justificó el recelo frente al Gobierno, que sólo es comprensible -dijo en aquella ocasión el ministro- en regímenes dictatoriales pero no en los democráticos.

La implantación de este modelo, sin embargo, no ha logrado cuajar en estos cuatro años de poder socialista por varias razones. Unas, imputables a la propia personalidad del hasta ahora fiscal general del Estado, Luis Burón Barba, que no ha sintonizado con el estilo de mando socialista; y otras, imputables al Gobierno, que con frecuencia ha podido dar la impresión de actuar por oportunismo más que por oportunidad política, lo que ha provocado en el seno del ministerio fiscal justamente el recelo que el ministro de Justicia considera injustificado en los sistemas democráticos.

El número de asuntos en los que ha podido existir una falta de sintonía entre el hasta ahora fiscal general del Estado y el Gobierno forma parte del secreto con que se llevan las relaciones entre ambos, pero hay indicios de que exceden con mucho al caso Banca Catalana, en el que si bien el Gobierno acogió con cierta complacencia la iniciativa autónoma del ministerio fiscal, ahora está preocupado por las consecuencias políticas que su desarrollo puede desencadenar.

La designación del ex ministro Javier Moscoso como fiscal general del Estado es interpretada desde la perspectiva de un nuevo ensayo de los socialistas para poner en práctica su modelo de relaciones Ejecutivo-ministerio fiscal, según el cual el fiscal general del Estado debe estar siempre presto a actuar, cuando se lo pide el Gobierno, en defensa del "interés público y social", que sólo este último interpreta.

Quizá sea esta razón la que ha motivado que una minoría de seis vocales del Consejo General del Poder Judicial, frente a una mayoría de 13 que no ha planteado objeciones, se haya opuesto a la propuesta de nombramiento de Javier Moscoso, en el informe de carácter no vinculante del máximo órgano del gobierno judicial. No obstante, es de esperar que la actuación del nuevo fiscal general del Estado, acreditada ya en otros campos de la política nacional, sirva para disipar estas dudas y su trayectoria sea un modelo de ejercicio del ministerio público en un Estado de derecho.