Hernández Gil recuerda la obligación de que "los otros poderes del Estado" respeten la independencia judicial

Don Juan Carlos declaró abierto ayer el año judicial 1986-1987, al término del acto solemne celebrado en el Palacio de Justicia de Madrid, tras el discurso inaugural pronunciado por Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Dentro del tono formalmente moderado y cortés con que se celebró el acto, Hernández Gil recordó la obligación legal de que "los otros poderes del Estado" respeten la independencia judicial.

El acto se celebró en el salón de plenos del Tribunal Supremo, con la presencia de los presidentes del Tribunal Constitución del Consejo Supremo de Justicia Militar, Consejo de Estado y Consejo General de la Abogacía, así como del Defensor del Pueblo y otras autoridades, además de los vocales del poder judicial, magistrados del Tribunal Supremo y de otros órganos jurisdiccionales, altos cargos del Ministerio de Justicia y otros juristas. En la presidencia, junto al Rey, se situaron Hernández Gil y el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, y junto a ellos el fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, y los presidentes de salas del Supremo.La innovación de este año, respecto a los anteriores, consistió en el saludo personal de don Juan Carlos, al término del acto, a todos los asistentes, en uno de los salones del Palacio de Justicia. Tanto en los discursos como en las relaciones personales entre los presentes destacaron la cortesía y moderación. Con fundamento en esta actitud, altos funcionarios insistían en negar la existencia de tensión entre los poderes del Estado, mientras que, en los pasillos, magistrados, fiscales y otros juristas resaltaban, en conversaciones privadas, la gravedad de la situación creada por el respaldo gubernamental a la incomparecencia de 90 guardias civiles ante la juez de Bilbao que les citó en una investigación por presuntas torturas. Ledesma confirmó en los pasillos el citado respaldo, si bien puntualizó que a través de los oportunos procedimientos legales.

Por su parte, el discurso central del acto, a cargo de Hernández Gil, fue un exponente de la preocupación observada en los sectores judiciales por la situación estructural de la justicia y por el tratamiento presupuestario que le concede el Ejecutivo. Hernández Gil hizo un extracto del extenso discurso, que partió de que la justicia es, "conforme a la Constitución, además de fundamento de la voluntad constituyente y de valor superior del ordenamiento jurídico, poder del Estado". Y estimó que "condición para la existencia del poder judicial es su independencia".

A pesar del tono profesoral de las reflexiones del presidente del Supremo sobre la independencia judicial, Hernández Gil dejó patente, mediante la invocación del artículo 13 de la ley orgánica del Poder Judicial promovida por el Gobierno socialista, que "todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados", y remachó: "El todos tiene un alcance universal, sin exclusiones, y en él quedan comprendidos los otros poderes del Estado". Señaló también que el sometimiento de los jueces y magistrados únicamente al imperio de la ley "es la garantía máxima de la independencia", cuando la ley es, dijo, "expresión de la voluntad general, como lo es en la democracia".

Mayor carga crítica, dentro del marco general de moderación en el tono, tuvo la reflexión de Hernández Gil sobre la eficacia de la justicia, "tanto para poner de relieve su importancia en el terreno de los principios como para reconocer la existencia de una realidad insatisfactoria". En el análisis de las causas, resaltó la movilidad social, que ha generado transformaciones y demandas sociales que desbordan el funcionamiento del viejo aparato judicial, pero no ahorró un juicio crítico sobre la falta de voluntad política para dar soluciones.

Falta de recursos

Hernández Gil señaló que "se aprecian desequilibrios en la nada fácil tarea de la distribución de los recursos del Estado que tantas atenciones han de cubrir, sin que la administración de justicia haya ocupado al respecto posiciones preferentes, lo cual ha acumulado un déficit cuyos efectos no se corrigen de modo inmediato, aun cuando últimamente se observa un cambio de actitud digno de ser reconocido". Añadió que, en muy directa relación con estas causas está "la insuficiencia de medios humanos y materiales, aquéllos de difícil improvisación".Recordó la existencia, todavía, "de oficinas judiciales en estado de pobreza y hasta de penuria", y puso como ejemplo el palacio de justicia en el que se desarrollaba el acto, que con sus espaciosos y artísticos salones que albergan todas las salas del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, la Audiencia Territorial y parte del Colegio de Abogados de Madrid "resulta insuficiente y falto de instalaciones y de medios materiales". "Los magistrados del Tribunal Supremo, creadores de la jurisprudencia, no disponen de un despacho ni de un servicio de secretaría. Si un día los magistrados quisieran elaborar aquí sus sentencias", dijo, "sería imposible".

En el dibujo del actual estado de cosas, Hernández Gil manifestó que del mismo modo que se detectan y denuncian en sentido, crítico deficiencias, imperfecciones e irregularidades de diferente signo", suele olvidarse que jueces, magistrados y demás funcionarios de justicia "realizan un esfuerzo sacrificado y aun agobiante en la dura lucha por evitar el colapso". Como condición previa para salir de esta situación, reclamó, "como condición previa, una eficaz acción de gobierno en el plano de la ley, de los desarrollos reglamentarios y, en general, de la política judicial", incluida la dotación económica.