El Gobierno respalda la incomparecencia, de 90 guardias civiles citados por una pez en relación con presuntas torturas

El Gobierno respalda la incomparecencia de 90 guardias civiles ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao, en relación con la investigación de las presuntas torturas sufridas en 1981 por Tomás Linaza Euba, padre de un presunto etarra. Interior entiende que el reconocimiento en rueda no es el adecuado para investigar una denuncia "contra personas indeterminadas", y estima que la comparecencia es humillante y existen poderosas razones de seguridad para impedirla, según el documento remitido a la autoridad judicial. En consecuencia, el ministerio fiscal se ha opuesto a tales diligencias. Por su parte, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Juan José Martínez Zato, aseguró que el Consejo no tiene que intervenir por el momento en este asunto, y que la autoridad judicial cuenta con resortes suficientes para responder a la negativa de quien se niegue sin justificación a declarar.

El oficio remitido a la titular del juzgado bilbaíno por el director general de la Guardia Civil, teniente general José Antonio Sáenz de Santa María, señala que no parece que concurran los supuestos de los artículos 368 y 369 de la ley de Enjuiciamiento Criminal para la práctica de reconocimiento en rueda, que exige la comparecencia de una persona determinada contra la que se dirigen cargos. No hay constancia, dice el oficio, de que se hayan dirigido en este caso cargos contra personas en concreto.El escrito considera la comparecencia "pública y humillante", y advierte que existen "poderosas razones de seguridad que resulta obvio exponer" para oponerse a tal comparecencia, de la que también resultaría perjuicio al servicio. Por estas razones, dice el oficio, "el Gobierno de la nación ha acordado que no se cursen órdenes de comparecencia a los relacionados".

Fuentes del Gobierno señalaron que ya han pasado por estas comparecencias en rueda un total de 246 guardias civiles, sin contar los 90 cuya presencia se pedía ahora. Los 90 gúardias citados por la titular del juzgado bilbaíno, María Elizabette Huerta Sánchez, para el pasado día 3 -fecha en la que cumplió 32 años-, no acudieron al reconocimiento en rueda.

Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron que para resolver el problema planteado por la citación de la juez Huerta "no es necesaria una reforma legislativa, ya que basta con la aplicación de las leyes vigentes".

El portavoz del CGPJ, Juan José Martínez Zato, manifestó que "el Consejo no puede ni debe decir nada en lo que afecta al orden jurisdiccional". Añadió que, tiatándose de una actuación judicial sobre la que no se ha recibido queja de ningún particular ni institución, el Consejo no tiene porqué intervenir. "Por ahora, no tenemos nada que decir", señaló.

Martínez Zato resaltó que, en todo caso, si es cierto que se ha producido la negativa de unos funcionarios a declarar, la autoridad judicial tiene resortes suficientes para responder jurisdiccionalménte a esa negativa, si no la considera ajustada a derecho. "Aquí no se les dan ni se le tienen que dar instrucciones a los jueces", dijo. Añadió que el Consejo respeta la independencia judicial, "que debe ser respetada también por todo el mundo". Martínez Zato recordó que es misión del Ministerio Fiscal velar por la legalidad".

Fuentes del Ministerio Fiscal señalaron que en el caso concreto de la citación cursada a numerosos miembros de la Guardia Civil por la juez Huerta se ha hecho un uso incorrecto de los artículos 368 y 369 de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Dichos artículos regulan la diligéncia del reconocimiento, en rueda, que está prevista procesalmente para las acusaciones contra persona determinada, a fin de identificar al denunciado. Sin embargo, en este caso, añaden, la denuncia se produjo "contra persona indeterminada", por lo que la citación judicial, estima la fiscalía, "no es correcta desde el punto de vista jurídico".

Frente a esta posible incorrección formal, Txema Montero, abo gado de Linaza, manifiesta qu mientras la existencia de las torturas es indudable, dados los certificados médicos, la concreta identidad del présunto torturador no e posible facilitarla al juez, porque a los abogados de los detenidos no se les comunican los nombres de los guardias civiles que les interrogan o custodian.

Encontrar al autor

En esta misma línea, el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Bilbao y portavoz de Jueces para la Democracia, Juan Alberto Belloch, declaró a EL PAÍS: "Si se, quieren evitar estos llamamientos, que la autoridad gubernativa encuentre al autor de los hechos, le someta a un expediente y lo remita a la autotidad judicial". Belloch añadió que si la autoridad gubernativa no tiene capacidad para hacer esto, "que al menos no estorbe la actuación judicial, que a veces tiene que optar entre estas Citaciones masivas o aceptar la plena impunidad de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad".

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, José María Mena, que habló a título personal por no haber podido consultar con la ejecutiva de este colectivo, señaló que "las órdenes emitidas en forma por los jueces dentro de su competencia, en ningún caso pueden ser desautorizadas por ninguna autoridad gubernativa, al margen de los recursos que contra dichas órdenes puedan producirse".

El magistrado Joaquín Navarro, que fue presidente de la Junta de Jueces de San Sebastián entre febrero de 1981 y junio de 1984, afirmó que la no comparecencia cuando se es citado en forma puede hacer incurrir al citado en el delito de denegación de auxilio a la justicia. Señaló que las citaciones masivas sólo suelen realizarse cuando se han agotado otros procedimientos para el esclarecimiento de los delitos de que se acusa a los miembros de los cuerpos de seguridad.