Los grandes pactos de la transición

Patronal, sindicatos y Gobierno se ven abocados a un nuevo proceso de concertación social. El autor sostiene que antes de adentrarse en un nuevo pacto sería necesario pararse a reflexionar sobre las experiencias de esta modalidad de grandes acuerdos socioeconómicos, que han cruzado la transición política española, con la excepción de los años 1979 y 1984.

Ninguno de los acuerdos firmados hasta ahora ha tenido el mismo significado ni por los interlocutores, ni por los contextos políticos y, obviamente, ni por la intencionalidad, contenidos concretos y repercusiones. No se puede, por tanto, meterlos en el mismo saco. El nexo de unión de todos ellos, su justificación, estaba en la crisis económica y sus efectos, especialmente el paro. Sus logros, como luego veremos, han sido otros.Los Acuerdos de la Moncloa (1977-1978) fueron acuerdos políticos, que intentaron dar un enfoque moderadamente progresista a una crisis económica abordada con retraso en España.

Los negociaron y firmaron los partidos y el Gobierno. Respondían a la política de consenso con la que se pretendía asentar la democracia y evitar que la derecha de siempre impusiera sus propias pautas en el tratamiento de la crisis.

Ello era posible por varias razones. La primera, porque el movimiento obrero estaba en fase de auge: la clase obrera pesaba política y sindicalmente. La segunda, porque las fuerzas económicas estaban en período de reorganización. La tercera, porque UCD sólo tenía mayoría relativa en el Parlamento.

Contribuyeron a facilitar, entre otras cosas, la elaboración de nuestra Constitución, reconocida como una de las más avanzadas de Europa. No frenaron el aumento del paro, pero mejoraron el poder adquisitivo de los salarios, a la par de reducir en 10 puntos la inflación. Facilitaron que amplios colectivos de trabajadores, cuya inhibición política y sindical en los años de la dictadura y primer período de la transición había sido casi total, participaran sindicalmente.

Durante su vigencia, aunque relacionado sobre todo con el desarrollo de la democracia, se operó el gran boom afiliativo a los sindicatos. A tenor de los datos que manejó internamente CC OO en su primer congreso (1978), y proyectando hacia los demás sindicatos la correspondiente proporción, caba afirmar que en tomo a los tres millones de trabajadores estaban afiliados por aquel entonces.

Se incumplieron algunas de sus cláusulas, lo que, unido a las reticencias con que fueron acogidos por los sindicatos, generó una sensación de frustración, que fue sentida fundamentalmente por una parte del sector formado por activistas y militantes. Porque en la dinámica de aquel período no sólo permanecía la tensión ruptura democrática / reforma pactada, sino que se daba otra dinámica de signo izquierdista que no guardaba relación con la situación real, que, a modo de movimiento de fondo, percibía la masa de los trabajadores y que, en términos políticos, ya había tenido su primera manifestación en las elecciones del 15 de junio de 1977, votando en la proporción de tres a uno al PSOE respecto al PCE.

En las elecciones sindicales de 1978 CC OO ganó con apreciable diferencia.

El único intento serio

Los Acuerdos de la Moncloa fueron, en el plano económico, el primero y único intento de tratamiento progresista a la crisis, que tropezó con la lógica obstaculización de la derecha más reaccionaria y con serias incomprensiones en la izquierda, entre ellas, una calculada inhibición del PSOE -por extensión, también de UGT-, cuya pretensión de ser alternativa de poder les inclinó a dejar que UCD administrara los acuerdos, pensando incluso que su fracaso les facilitaría sus aspiraciones. El siguiente acuerdo, el AMI (1980-1981), fue un acuerdo entre interlocutores sociales y económicos inscrito en una estrategia política: el bipartidismo. Lo firmaron CEOE y UGT.

No se puede analizar el AMI sin tener en cuenta el significado de las elecciones políticas de marzo de 1979. Aquellas elecciones frustraron la idea del PSOE de que les llevarían al Gobierno. Significaron también la liquidación de un proceso abierto con anterioridad, como fue la política de consenso.

Las fuerzas económicas habían dado grandes pasos en su recomposición organizativa a través de CEOE. La CEOE hacía política, pues era público y notorio que no se sentía representada por UCD, menos bajo el liderazgo de Suárez.

El AMI fue el fruto de la inflexión del PSOE hacia posiciones socialdemócratas y del interés de las fuerzas económicas de configurar un marco en las relaciones sociolaborales y sindicales acorde con ese modelo político bipartidista por el que apostaban, en el cual el pacto social es una pieza clave. No es casual la coincidencia en un corto período de tiempo del felipazo en el XXVIII Congreso del PSOE, del AMI, del Estatuto de los Trabajadores, de la ley Básica de Empleo y del inicio en serio de la desestabilización de UCD y del PCE.

Fue justa la posición de CCOO de no firmar el AMI. Fue superficial su análisis del mismo y, sobre todo, su valoración de la reacción que produciría entre los trabajadores. Adoptó una táctica para combatirlo que contenía ingredientes de ese izquierdismo ya presente en la etapa anterior, lo que impidió que sorteáramos correctamente el AMI.

Pues en el AMI hubo inversión de la derecha, muy interesada en potenciar el sindicalismo de cúpula a costa del de participación. Para ello siguió la táctica de admitir cláusulas de interés inmediato para los trabajadores -banda salarial del 13-16% para el primer año de vigencia, reducción de la jornada de trabajo-, a cambio de conseguir un tratamiento favorable a sus fines en sus propias reivindicaciones estratégicas como patronal -absentismo, productividad, etcétera-.

Enfrentamiento sindical

Con el AMI se inicia una fase de enfrentamiento entre los sindicatos, que ha ido a más con el paso del tiempo. Se potencia el ahorcamiento de la negociación colectiva, que va perdiendo progresivamente vitalidad. Pero, sobre todo, busca sentar las bases tanto para impulsar un sindicalismo de gestión, burocrático, como para desactivar al movimiento obrero español para el posterior y brutal ajuste de la economía, que acaba netamente favorable a las tesis liberal-conservadoras. El paro sigue creciendo. Se desarrolla la desmembración del mercado de trabajo, comienza a disminuir más aprisa el índice de protección a los parados...

Antes de terminar la vigencia del AMI se negocia el Acuerdo Nacional sobre Empleo (1981-1982). Su alumbramiento obedeció a razones más complejas que los anteriores. Pero es palmario que en su gestación resultó determinante la convulsión producida por el intento golpista del 23 de febrero de 1981.

Para el recién estrenado Gobierno de Calvo Sotelo -propagador del término concertación, hoy a la moda- resultaba una necesidad política obtener un pacto, dada su debilidad.

Crisis de UCD

La crisis de UCD estaba en su punto álgido. Para CC OO, el ANE, cualitativamente muy distinto del AMI, significaba la oportunidad de introducir compromisos concretos sobre el empleo, desviar la dinámica del AMI y corregir anteriores errores de apreciación de la realidad.

Lógicamente, tanto el PSOE como CEOE y UGT lo vieron con recelo, aunque la reciente conmoción les coartaba marginarse. Temían que el ANE pudiera entorpecer su estrategia política y su modelo sindical. Para el PCE aparecía como posibilidad de reabrir vías a su política de concentración democrática, en parte ensayada durante los Acuerdos de la Moncloa.

Aunque de contenidos inferiores a los Acuerdos de la Moncloa, se reproducía en el ANE la posibilidad de influir sobre la política gubemamental precisamente por su precariedad política y parlamentaria. La diferencia mayor era que la derecha más reaccionaria y el poder económico tenían mayor capacidad de maniobra.

Pronto se vio que la mesa política que debía negociar paralelamente a la económico- social se convertía en un simple diálogo UCD-PSOE, del que sólo surgió la lamentable LOAPA. En la mesa que negoció el ANE los sacrificios salariales, corregidos por una favorable aplicación de la cláusula de revisión salarial, se contrarrestaban sobre el papel con el compromiso de mantener la misma población asalariada ocupada mediante la creación de 350.000 puestos de trabajo.