El largo camino para terminar con el terror

COMO CADA verano en los últimos años, el fantasma de la negociación con ETA ha vuelto a proyectar su nombre en la política española en general, y la vasca en particular. La experiencia de estos años ha enseñado a los ciudadanos a desconfiar y relativizar cuantas afirmaciones se realizan en este terreno. Es un campo propicio para que circulen muchas ambigüedades.Así, la presunta voluntad negociadora de ETA, que estaría dispuesta a buscar una vía honorable que detuviera la escalada de la violencia, ha sido reiteradamente desmentida por la práctica de la propia organización terrorista. ETA, en efecto, ha desbaratado unilateralmente más de media docena de inciativas razonables puestas en marcha desde ámbitos diversos a lo largo de la ultima década, bien planteando condiciones previas cuya falta de viabilidad conocía, bien lanzando sangrientas ofensivas en el momento clave y bajo el argumento de que sólo desde una posición de fuerza era posible la negociación..

El Gobierno central, por su parte, ha negado la existencia de iniciativas, propias de diálogo, al menos tantas veces como la práctica ha mostrado retrospectivamente que esas inciativas se habían, efectivamente, producido. La información que publica hoy EL PAÍS viene a confirmar nuevamente lo poco de fiar que son los desmentidos oficiales sobre la cuestión, especialmente cuanto mayor énfasis retórico se pone en su enunciación.

Si en esta ocasión la polémica desatada ha alcanzado tonos particularmente dramáticos es porque la hipótesis de negociación ha irrumpido en un Contexto previamente recalentado por los siguientes factores: la enorme indignación popular suscitada por el último y más sangriento atentado de ETA desde el inicio de la transición; los alarmantes fallos; de los aparatos policiales en los últimos atentados; el giro de las autoridades francesas en materia de cooperación antiterrorista, y las disensiones entre las fuerzas políticas democráticas vascas sobre algunos aspectos de cómo hacer frente al terrorismo.

El carácter contradictorio de todo este escenario ha concidido con la existencia simultánea de iniciativas diversas. De un lado, según las informaciones disponibles, representantes del Gobierno han sondeado al número uno de ETA sobre las posibilidades de una solución definitiva y real a este dramático conflicto. Pero, de otro, una ETA que comprende que la nueva actitud francesa puede significar el principio del fin de su santuario, y a la larga de la organización terrorista en su estructura actual, toma la iniciativa, por primera vez en muchos años, de dirigirse, al PNV primero y al Gobierno vasco después, para que ambos intervengan en favor de una salida negociada.

Simultáneamente, el acoso francés y la creciente presión interna que supone la política de reinserción social, más el probable cansancio de la vieja guardia terrorista, muchos de cuyos componentes han sido ya dispersados, actúan en contra de la fantasía de una guerra popular prolongada, que sólo se detendría en la victoria final.

El PNV parece interpretar esta serie de datos como globalmente favorables a una negociación viable. Por tal debe entenderse, según acaba de recordar el Gobierno de Vitoria, una negociación "en el marco de la Constitución y el Estatuto", y de la que queden excluidos contenidos políticos como la eventual integración de Navarra, etcétera, para la que en modo alguno puede arrogarse ETA la rerpresentación del pueblo vasco.

Es más que dudoso, pero no totalmente descartable, que ETA estuviera realmente dispuesta a entrar en una vía definida en estos términos, y que no son otros sino los marcados por la declaración aprobada por unanimidad por el Parlamento vasco en marzo de 1985: en aquella ocasión todas las fuerzas democráticas vascas se pusieron de acuerdo en una declaración en nueve puntos, cuyos ejes centrales eran: el rechazo del principio de la negociación política con ETA; la afirmación de la conveniencia de una negociación entre las fuerzas políticas representativas de la pluralidad de opciones existentes en Euskadi, y la propuesta de mantener, y aun ensanchar, la política de reinserción social de los activistas dispuestos a dejar las armas.

Aquella declaración ponía fin a la confusión anteriormente existente respecto a lo que cabía entender por negociación política, marcando sus límites. No se consideraba a ETA legitimada para negociar con nadie en nombre del pueblo vasco sobre cuestiones como la eventual integración de Navarra en la comunidad autónoma de Euskadi, la reforma del Estatuto o la Constitución, etcétera. Se admitía, en cambio, que, en aras de la pacificación, era posible negociar vías de salida para las personas entrampadas en la lógica de la violencia, ampliando las posibilidades de reinserción social. También se admitía que los problemas políticos podían ser objeto de negociación, en el marco de la legalidad constitucional, entre las fuerzas políticas representativas, incluyendo Herri Batasuna, pese a su ausencia del Parlamento. En definitiva, se fijaba un marco de escrupuloso respeto a la legalidad y que podía facilitar el final de la violencia terrorista.

De cualquier manera, las posibilidades de que los contactos iniciados hace unos meses lleguen a buen puerto parecen esfumarse. Muy probablemente asistiremos ahora al carrusel de desmentidos y negaciones que estas circunstancias provocan. Y tampoco se echarán en falta las voces fanáticas de los círculos marginales de la reacción, que aprovecharán la circunstancia, sin legitimidad alguna, para acosar a un Gobierno que razonablemente es quien tiene más deseo de poner fin a la espiral asesina del terrorismo.