La Audiencia de Bilbao acepta la quiebra voluntaria de la Mutua Popular del Automóvil
El Juzgado de Primera Instancia número 4 de la Audiencia de Bilbao ha aceptado la solicitud presentada por la comisión liquidadora de la Mutua Popular de Automóvil para que se declare su quiebra voluntaria. La Audiencia ha rechazado la solicitud de arresto de los rectores. Los efectos de la quiebra se retrotraen al 1 de enero de 1985.
La declaración de quiebra voluntaria, presentada por la comisión liquidadora nombrada por los mutualistas, se basa en la existencia de un déficit patrimonial de 460.694.000 pesetas, diferencia entre un activo de 259.158.000 y un pasivo de 719.852.000 pesetas.
En la solicitud ante el juzgado bilbaíno, los liquidadores achacaban este déficit a la gestión realizada por la junta rectora y, en particular, al establecimiento de comisiones a recibir por los agentes superiores a las dictadas por la Dirección General de Seguros.
En la documentación presentada por los liquidadores se destaca la relación familiar del director general de la Mutua, José. María Domingo González, con alguno de los agentes que recibían las elevadas comisiones y otras irregularidades en la gestión, como la venta precipitada de patrimonio a empresas y particulares relacionados con los rectores en la última etapa de existencia de la Mutua.
Los liquidadores solicitaban por ello el arresto de siete rectores de la Mutua o la presentación de una fianza de 279 millones de pesetas.
