Los fiscales estiman que Pujol sigue siendo el titular de las acciones de Banca Catalana cedidas a una fundación

Según la petición de procesamiento presentada el pasado, 30 de junio por los fiscales que han investigado el caso Banca Catalan , el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, cedió en mayo de 1982 un paquete de, 97.702 acciones a la Fundació Catalana, pero estos títulos siguen siendo suyos por el incumplimiento de una de las condiciones del traspaso. Cuatro meses antes había vendido 1.057 acciones a una sociedad instrumental, prácticamente en situación de quiebra y con un pasivo de más de 1.700 millones de pesetas, que se vio obligada a solicitar un préstamo a la propia Banca Catalana para pagar el importe. Estas operaciones financieras son las que han llevado a los fiscales, José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, a introducir en la petición de procesamiento el presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas. Fuientes de la defensa no quisieron ayer hacer nigún tipo de manifestación.

En el escirito de los fiscales -fotocopiado y, entregado la semana pasada a los magistrados y a la defensa- se recoge que el 15 de mayo de 1982, dos años después de haber tomado posesión de la presidencia de la Generalitat, Pujol cedió a la Fundació Catalana un paquete de 97.702 acciones, compuesto por 22.749 de la serie A y otras 74.953 de la serie B, sin recibir a cambio ninguna compensación económica. Sin embargo, la cesión definitiva de la titularidad de estas acciones se condicionó al cumplimiento del artículo 7 de los estatutos de la entidad bancaria -en el que se ampara el derecho preferente de los accionistas a ser informados de la transmisión y a subrogarse los títulos-, según se desprende del documento de cesión firmado en la no taría Roca-Sastre, que está incorporado al sumario. Estas acciones tenían un valor noniftial de 188 millones, pero a finales de 1982 los títulos de la serie A redujeron su valor a 5 pesetas por acción y los de la serie B a 1 peseta. Según el ministerio público, el incumplimiento del citado requisito "produce la inexistencia de la transmisión" por lo que las acciones siguen siendo suyas [de Pujol], en espera de la eventual recuperación de valor". Con respecto a esta actua ción, "el querellado Pujol completaba el desprendimiento aparente de la titularidad de las acciones de Banca Catalana, desvinculándose de los efectos de la inminente crisis, a la vez que conservaba plenamente el dominio sobre las acciones, no sólo por su evidente relación con los miembros del patronato de la Fundació Catalana, sino porque, incumplida la condición, las acciones continúan siendo suyas".

El requisito que condicionaba esta cesión y que "suspendía" la transmisión fue ocultado, según los fiscales, en los libros de la fundación y, consecuentemente, en los registros oficiales, entre ellos el del propio Departamento de Justicia de la Generalitat, en los que obligatoriamente deberían constar las circunstancias que rodearon la operación. El incumplimiento de este requisito y, la suspensión de la cesión se encuentran reflejados en un documento notarial que se levantó varios meses después a petición de una parte interesada.

Venta de acciones

Según el ministerio público, los receptores; de la donación -miembros del patronato de la fundación y a su vez directivos de Banca Catalana, que ahora aparecen como querellados en esta causa- conocían el alcance de la irregularidad y aceptaron la operación tal y como se hizo. Los fiscales, aseguran que esta transmisión de acciones for maba parte de un "plan meditado y madurado" en el que participaron, además de Pujol, otros ocho querellados y citan especialmente al inculpado Francesc Cabana, secretario del patronato de la fundación.

En enero de 1982, cuatro meses antes de que se efectuara la cesión, Pujol y sus familiares más allega dos vendieron un total de 11.157 acciones de la serie B, de las que 1.057 eran propiedad personal del presidente de la Generalitat, siempre según relata la petición de procesamiento. Esta venta se efectuó a la sociedad instrumental Hoe, del área del Banco Industrial de Cataluña, que pagó por las mismas un total de 25.242.781 pesetas. Esta empresa, que se encontraba prácticamente en quiebra, tenía en 1981 un déficit de 1.714 millones de pesetas. Tres semanas antes de que Hoe comprara las acciones de la familia Pujol, la empresa se vio obligada a solicitar un crédito de 165 millones a la propia Banca Catalana, parte de los cuales sirvió para pagar estos títulos, asegura el ministerio público.

Otra de las personas incluidas en la petición de procesamiento, Joan Casablancas, realizó en el mes de diciembre de 1981 una operación similar vendiendo 6.925 acciones a sociedades instrumentales. Según los fiscales, otro de los querefiados, fallecido recientemente, efectuó también la misma operación al desprenderse de 33.876 acciones a través de firmas vinculadas a Banca Catalana. Se incumplieron también en la venta de estas acciones, muchas de las cuales eran sindicadas, los requisitos descritos en el artículo 7 de los estatutos de Banca Catalana, afirman los fiscales. El incumplimiento de este artículo, según el ministerio fiscal, evitaba que ante la inminencia de la crisis -detectada en mayo de 1982, pero que no se afrontó hasta noviembre- se descubriera el valor real de las acciones, cuyo verdadero precio debían determinarlo los demás accionistas a los que obligatoriamente hubieran tenido que informar. "El valor real de las acciones se mantuvo con ocultaciones, mediante técnicas contables irregulares", se dice en la acusación.

Las otras acusaciones

Los fiscales Mena y Jiménez Villarejo acusan también a Pujol de los presuntos delitos de falsedad y apropiación indebida, al participar y promover la ocultación de bienes de Banca Catalana configurando la denominada caja b, a la que tarnbién se le llamaba Banco Cane, Monk o cuenta b. Según el escrito de petición de procesamientos, entre los años 1974 y 1981 esta caja b administró una media del 8,9% de los fondos de la entidad. Estos fondos servían, entre otras cosas, para financiar las actividades de 27 sociedades instrumentales, para pagar sobresueldos y para abonar dividendos ficticios, lo que se realizaba al margen de la junta de accionistas, según los fiscales. Respecto a este punto, el documento de los fiscales dice que con estas operaciones se demuestra que a través de la caja b se financiaban actividades que "no tenían nada que ver con las operaciones propias de un banco". El escrito desmiente también las declaraciones realizadas al respecto por Pujol al afirmar que "la caja b no significó nunca un beneficio para accionistas y para consejeros".

La ocultación de la caja b y de las sociedades instrumentales "no sólo perseguía eludir el control del Banco de España, sino que el objetivo era desarrollar a costa del patrimonio del banco una política de expansión y el disfrute de unos beneficios que de otra forma no los hubieran podido obtener", dice el documento de la acusación. Esta caja oculta se nutría, según el ministerio público, de capitales captados en cuentas a la vista a las que se pagaba extratipos; de autocréditos ficticios; de préstamos también ficticios extendidos a terceras personas, de facturas y tirnbres dobles o de dividendos de las, sociedades instrumentales.

La familia de Jordi Pujol participó, según los fiscales, en los beneficios de estas operaciones y se señala en la petición de procesamiento que entre 1981 y 1982 Marta Ferrusola, esposa del presidente, recibió 2.270.000 pesetas en concepto de extratipos. Recalca también el escrito que la familia Sumarroca, que participa con Marta Ferrusola en la empresa de floristería Hidroplant, recibió por este mismo concepto, y en el mismo período, ocho millones de pesetas en extratipos. Señala el ministerio público que en vísperas de la crisis de la entidad las dos familias cancelaron las cuentas "precipitadamente".