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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El Gobierno revisa sus previsiones

APENAS CONSTITUIDO el nuevo Gobierno, y tal vez como regalo de vacaciones a los españoles que estos días se aventuran por la peligrosa red de carreteras de nuestro país, el ministerio de Economía ha filtrado una nueva versión de sus previsiones para los próximos meses cuyo denominador común es el optimismo.Para el presente año, las nuevas estimaciones; prevén un crecimiento del 3%, obtenido gracias al aumento de la demanda interna, ya que la aportación en volumen del sector exterior al crecimiento será negativa. Lo cual no impedirá un fuerte aumento del excedente en la balanza por cuenta corriente, estimado en un 3,5% del PIB, equivalente a unos 7.50,0 millones de dólares. Es la primera vez que, de manera. indirecta, se admite la magnitud del excedente en cuenta corriente para este año, que superará en porcentaje incluso al de Alemania Occidental. En el cuadro filtrado se prevé el mantenimiento de dicho porcentaje para el próximo año, lo cual plantea. un importante problema de política económica puesto que no parece lógico que un país que necesita incrementar por todos los medios su equipo productivo exporte de esta manera su ahorro. La receta para ello es, obviamente, crecer más deprisa,

Por su parte, las previsiones relativas a la evolución del déficit público pecan de optimismo puesto que se apuesta por una disminución de casi dos puntos del PIB (del 6,2% de 1985 al 4,5% previsto para este año). Los últimos datos disponibles a este respecto no corroboran esta evolución ya que, si bien es cierto que el déficit del Estado ha disminuido en los últimos meses, la mejora ha sido de bastante menor entidad de la que sería necesaria para alcanzar los nuevos objetivos. Es cierto que los ingresos de las administraciones públicas están creciendo por encima de los inicialmente previstos -a causa de la entrada en vigor del IVA y de la escasa repercusión sobre el sector privado de la economía de la caída de los precios del petróleo-, pero también es cierto que los gastos están creciendo por encima de lo deseable, de tal manera que la mejora final es limitada.

Según los expertos de la Administración, el crecimiento se acelerará en 1986 hasta alcanzar el 3,5%, los precios se reducirán a la mitad (un 4%, al que curiosamente se ha añadido en los cuadros oficiales el calificativo de "objetivo", como si el resto de las previsiones perteneciera al dominio de la certidumbre absoluta o como si el 4% fuera una piadosa intención) y el déficit público seguirá bajando, aunque no tanto como en 1986. Existe, sin embargo, un problema de coherencia entre las intenciones en materia salarial y el crecimiento previsto del consumo privado, que se espera que alcance un 3%. Si como se ha dicho repetidamente, los salarios crecen como los precios, el aumento del consumo sólo puede venir de la mejora del empleo, estimada en 1,4%. El resto hasta alcanzar el 3% habría que justificarlo mediante una fuerte caída del ahorro privado (poco probable) o mediante un aumento de las transferencias del Estado, pero en ese caso habría que admitir un aumento del déficit público. Por último, tampoco parece muy probable que la inversión crezca un 7% en términos reales. Para que así fuese sería preciso que se afianzase en el sector privado un optimismo que no parece darse por el momento, y que la inversión pública contribuyera de manera apreciable, lo cual plantearía problemas de difícil solución para las autoridades ya que la prevista reducción del déficit público implicaría una drástica disminución de los gastos de consumo.

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En cualquier caso, la temprana publicación de las previsiones para el próximo año permitirá una mejor discusión del Presupuesto a lo largo de los próximos meses. Aun siendo discutibles, las cifras que acaban de darse a conocer contienen un marco riguroso tanto para los agentes sociales, que pronto comenzarán las negociaciones para la renovación de los acuerdos salariales, como para la propia Administración. Lo que queda por ver es si la práctica cotidiana de esta última se ajustará o no a esta renovada declaración de intenciones en materia económica.

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